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Caracas.- La isla de Margarita es uno de los principales destinos turísticos de miles de venezolanos y extranjeros que en cada temporada vacacional abarrotan ese litoral caribeño de aguas color turquesa en busca de descanso y diversión.
Su oferta hotelera figura entre las mejores y más amplias de la geografía venezolana, que ofrece más de 2.800 kilómetros de costas, reseñó AP.
Pero esa infraestructura turística, como otras que tomaron décadas y cientos de millones de dólares para construirse, súbitamente se ve amenazada por una decisión gubernamental.
El artículo 9 de la Ley de Zonas Costeras, que entró en vigencia el pasado 7 de noviembre, prevé que son de dominio público de la República, todo »el espacio acuático adyacente a las zonas costeras y la franja terrestre desde la línea de más alta marea hasta una distancia no menor de 80 metros».
Con la entrada en vigencia de la nueva ley, el gobierno del presidente Chávez, facultado por el congreso en noviembre del 2000 para legislar por un año, ha consagrado »la confiscación de propiedades más profunda de que se tenga conocimiento en la historia reciente de Venezuela», denunció el constitucionalista y profesor universitario Allan Brewer Carías.
»Todo pueblo costero, hotel, edificio de condominio, restaurante, muelles y empresa construida a orillas del mar, de lagos y ríos pasaron a ser de dominio público de la República», agregó. Estamos hablando de un área del tamaño de Bélgica».
Críticas a la nueva Ley
La nueva legislación sustituyó a la derogada Ley de Playas, que estaba vigente desde la década de 1970 y que establecía como área pública una distancia de 50 metros de la costa, lo cual permitió el desarrollo de construcciones privadas, en su mayoría de corte turístico.
»La ley por ninguna parte aclara qué pasará con la infraestructura turística instalada dentro de los límites que antes eran privados y ahora fueron declarados de utilidad pública y de interés social», advirtió Rafael García Planchart, presidente de la Cámara Inmobiliaria.
Las críticas a la Ley de Zonas Costeras se suman a la fuerte polémica que desató a mediados del mes pasado la aprobación de un paquete de otras 48 leyes económicas y sociales que llevó a Fedecámaras, la mayor organización empresarial venezolana, a convocar una huelga general para el 10 de diciembre.
Los empresarios venezolanos se quejan de que esas leyes fueron aprobadas sin consultar a los sectores afectados y las consideran »inconstitucionales» porque, según dicen, vulneran el derecho a la propiedad privada.
»La aplicación de esta ley es inconstitucional y confiscatoria porque no prevé la expropiación, mucho menos una justa indemnización y tampoco reconoce como propiedad privada las instalaciones que se encuentran a menos de 100 metros de la playa», añadió García Planchart.
Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, advirtió que el empeoramiento del clima político y la promulgación de leyes como la de zonas costeras, minan la confianza necesaria para inversión y truncan la posibilidad de las empresas dedicadas al turismo de optar a un crédito.
»¿Qué banco va a prestar dinero a empresas o personas impedidas legalmente de enajenar, hipotecar o vender sus propiedades?», se preguntó.
Carmona Estanga sostuvo que arbitrariedades como la Ley de Zonas Costeras reafirman las razones del sector empresarial para llamar al paro.
» Voceros oficialistas afirman que la medida fue adoptada pensando en la protección del ambiente y las vidas de personas que inconscientemente han edificado viviendas en los márgenes de los ríos y lagos. Dudo que la medida haya sido pensado en esa posibilidad (la expropiación), en realidad la ley responde a la inquietud de proteger nuestras playas, garantizar el derecho que tiene todo venezolano de disfrutar del mar y el sol», dijo el diputado Alejandro Armas, del partido oficialista Movimiento Quinta República.
» Nadie puede negar que en cada temporada de lluvias, miles de venezolanos quedan sin hogar por la perniciosa costumbre de construir en las orillas de ríos y largos. Unicamente el gobierno se propone tener un instrumento legal que desaliente esto», agregó.
»Si alguien siente que sus derechos puedan ser vulnerados y demuestra que esta ley debe ser ajustada, la democracia tiene instancias como la Asamblea Nacional para impulsar una reforma tal y como lo ha dicho el presidente Chávez», precisó Armas. Tras dos semanas de fuertes confrontaciones con los empresarios, Chávez se mostró dispuesto a bajar el tono de su combativo discurso e instó a los venezolanos a presentar propuestas de reforma a las polémicas leyes.
»La reforma de las leyes está abierta y yo ratifico el respeto supremo de mi gobierno y pido, en lo personal … que si hay que reformar aquí cualquier ley habilitante … actívese los mecanismos», dijo Chávez el miércoles durante un acto oficial.
El sector turístico también rechaza el artículo 4 de la Ley de Zonas Costeras, el cual establece que las propiedades que se encuentran dentro de una franja de 500 metros desde el punto de marea más alto deberán adaptarse en seis meses a las condiciones que imponga un plan de ordenamiento que ser diseñado por el gobierno.
»Eso hace completamente discrecional la ley y acrecienta la incertidumbre que hay sobre el futuro de la actividad hotelera en el país», comentó Hugo Arrioja, presidente de la Federación de Hoteles de Venezuela.
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