Actualmente la institución de la Propiedad Privada en Venezuela, pasa por el momento más crítico de la historia repúblicana de nuestro país.
Pareciera que algunos funcionarios públicos han emprendido un plan sistemático de ataque a la propiedad privada, el cual se basa en 5 factores fundamentales aplicados a partir del año 2.001:
1.- Las invasiones urbanas y rurales: Desde 1.999 a la fecha las autoridades han dejado invadir a nivel nacional, aproximadamente 8.000 inmuebles, entre ellos propiedades públicas y privadas, de toda indole, fincas en producción, galpones, empresas, terrenos baldíos, parques nacionales, propiedades de Fogade, viviendas de interes social ya pagadas por otras personas y propiedades de organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la sede de la Fundación Escuela de Medicina del Hospital José María Vargas. A pesar de haberse aprobado la reforma del Código Penal en el año 2.005, e incluído en ella la invasión como delito, la mayoría de las autoridades policiales, municipales, militares y judiciales, siguen dejando a merced de los usurpadores las propiedades de los venezolanos.
2.- Congelación de Alquileres: Esta medida implementada desde el año 2.003, ha congelado los alquileres de vivienda sin permitir ajustar los alquileres a los propietarios de apartamentos, casas y edificios en proporción a la inflación. Este decreto renovado ya 6 veces, ha traído graves consecuencias para el mercado de viviendas en alquiler y ha provocado la disminución del mercado de alquileres en un 90%, perjudicando especialmente a las familias que con el arrendamiento cubrian de manera rápida y accesible sus necesidades de vivienda.
3.- Expropiaciones de inmuebles desocupados: A partir de 2.005, a pesar de no estar prevista en la Ley de Expropiación, se empezó a ejecutar expropiaciones de edificios desocupados, en remodelación y terrenos urbanos, sin tener como objeto la construcción de una obra pública y sin haberse demostrado hasta ahora, la disponibilidad de recursos para pagar el justo precio a sus propietarios, lo cual al parecer constituye una confiscación masiva de propiedades. Es de hacer notar tambíen se le ha decretado la expropiación a edificios que habían sido invadidos previamente, lo cual es una grave intromisión en los juicios contra los invasores, que estan en curso en tribunales civiles y penales.
4.- Expropiaciones de inmuebles alquilados: Se ha procedido a expropiar aproximadamente 10 edificios ocupados por inquilinos, figura que tampoco está prevista en la Ley de Expropiaciones. Está situacíón ha causado también alarma entre los propietarios de inmuebles y ha traido como consecuencia la disminución casi total del mercado de alquileres. Aunque es una cifra insignificante con relación a los 5.000 edificios alquilados en Caracas, estas medidas han enrarecido las relaciones entre propietarios e inquilinos y ha entorpecido las negociaciones que venían fluyendo de manera satisfactoria entre las partes, desde la derogatoria de los decretos que impedian la libre negociación de precio entre inquilinos y propietarios. Las Alcaldías no pueden convertirse en inmobiliarias, que adquieren propiedades para revenderlas a terceros.
5.- Solicitud de Inamovilidad Inquilinaria: Como último punto el Cabildo Metropolitano ha solicitado a la Asamblea Nacional, la modificación de la Ley de Arrendamientos, pidiendo la suspensión de los desalojos que ejecute el poder judicial y anulando las notificaciones para solicitar el inmueble alquilado a el arrendatario. De concretarse esta modificación se acabaría definitivamente con el mercado de alquiler de manera definitiva. Si un propietario no puede rescatar su propiedad, se habría quitado a él uno de los factores que componen el derecho de propiedad, que es la libre disposición de sus bienes.
Todas estas medidas solo han traído desinversión en el sector de la construcción, escasez de alquiler, una impunidad para quienes usurpan las propiedades y más crisis para el deficit habitacional, que afecta a todas las clases sociales. No puede hacerse política con los bienes de los particulares.
Abg. Roberto Orta Martínez
Vice-Presidente
Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur)
www.apiur.org