Allan R. Brewer-Carías
Un Estado en el cual el Tribunal Supremo de Justicia carece de autonomía e independencia, y está sometido a los dictados de la Asamblea Nacional o del Poder Ejecutivo, siendo un instrumento más para la ejecución de la política diseñada por estos, no puede calificarse como un Estado de derecho. Es el caso lamentable de Venezuela, país donde a pesar del lenguaje florido de la Constitución, puede decirse que carece de un sistema propio de un Estado de derecho, donde el Tribunal Supremo de Justicia en lugar de ser el garante del mismo y de contribuir al afianzamiento de la democracia que de paso sea dicho, es mucho más que elecciones periódicas; ha sido el instrumento más artero utilizado por quienes ejercen el poder político para afianzar el autoritarismo, desmantelar la democracia como régimen político y acabar con el Estado de derecho.
Por ello, al referirme al status del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, lamentablemente tengo que referirnos al despiadado proceso de demolición continua de las instituciones judiciales y de destrucción de la democracia que el país ha sufrido durante la última década, proceso en el cualha participado activamente dicho Tribunal.
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