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EL 27 DE SEPTIEMBRE entró en vigencia la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, (la «Ley»), que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¡con exclusión del Estado y sus empresas! Según la Ley, las personas jurídicas serán responsables de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada cometidos por cuenta de ellas, por sus órganos directivos o sus representantes. Ello cambia la tradición venezolana en materia penal, que solo acepta la responsabilidad penal de seres humanos.
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