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LA PROPIEDAD es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Desde el que compone una canción o escribe una obra literaria, hasta el que compra un inmueble, pretende poder ejercer sobre su bien material o intelectual plenos poderes de disposición. Hasta en las reglas más simples de la concepción religiosa la propiedad está presente, y dos mandamientos de los diez se refieren a ella, «no robarás» y «no codiciarás los bienes ajenos».
Si no existiera el sentido o derecho de propiedad como parte de la naturaleza humana, no existiría el robo o la codicia de bienes ajenos, por lo que no hubiera sido necesario referirlo en los mandamientos de la Ley de Dios. El presidente Chávez debería, como Fidel, declararse ateo para no presentarse tan incoherente, y dejar de decir que es cristiano, pues la propiedad colectiva está en contradicción con el cristianismo.
CUANDO EL ESTADO reclama a un propietario que pruebe la titularidad de un bien determinado, se constituye en un Estado abusivo que por incumplir con sus propias obligaciones, revierte la carga probatoria a quien eso exige. La responsabilidad de llevar el registro de bienes inmuebles y de algunos bienes muebles es exclusiva del Estado. Al ciudadano siempre debe presumírsele la buena fe. La absurda pretensión del gobierno de Chávez de obligar a exhibir todo un tracto documental que pruebe la procedencia de un inmueble de manera indeterminada en el tiempo, viola la presunción de buena fe y los derechos posesorios que con el transcurso del tiempo, por sí mismos, generan propiedad. Si el Estado pretende determinar que un inmueble no es del ciudadano que alega ser su propietario, debe ser el propio Estado quien demuestre en contrario a lo que alega el ciudadano. El documento de propiedad del ciudadano, registrado por el Estado, debe presumirse válido y otorgado de buena fe. Es a quien alega la mala fe a quien toca probarla.
AL REALIZAR ocupaciones militares de fincas o industrias, o permitir invasiones por él mismo dirigidas disfrazadas de pobres ciudadanos en busca de mejores condiciones de vida, el gobierno está realizando vulgares confiscaciones, no autorizadas por la Constitución. Es simplemente un gobierno abusador actuando al margen de la ley y ejerciendo atropellos a su antojo, ante la seguridad de la inexistencia de poderes autónomos que le pongan límite a su actuación de hecho violatoria del derecho. Por ahora se materializa la ley del más fuerte. Es un gobierno que sintiéndose poderoso, gracias al control económico y militar que lo sustenta, pisa los derechos de los ciudadanos que, indefensos, no tienen ninguna institucionalidad a la cual acudir para que sus derechos sean respetados y restablecidos. Es el hamponato rampante en plena acción ejecutado por las manos de quien debería poner orden y hacer respetar los derechos de cada cual.
NO HAY EN NUESTRA Constitución norma alguna que faculte a este gobierno abusivo para realizar ninguna de estas acciones. Sólo por causa de utilidad pública puede el Estado, en cabeza de un gobierno, realizar expropiaciones que siempre implican una justa indemnización, previo avalúo del bien a expropiar. Incluso, aun cuando el poseedor por tiempo ininterrumpido y con ánimo de dueño no haya presentado un título de propiedad, o no pueda demostrar el tracto registral de propietarios anteriores a su título, el Estado debe acudir al poder judicial para reivindicar las propiedades que alegue le pertenecen, y, sólo luego de un proceso judicial equilibrado, en el que se garantice el derecho a la defensa del ciudadano, podría adjudicársele al Estado la propiedad que pretende suya. La posesión también genera derechos y así lo reconoce la propia Constitución Nacional.
HA COMENZADO el gobierno con la violación de derechos de propiedad en tierras rurales. Si esto continúa, no dudemos que las tierras urbanas también serán reclamadas por el gobierno que se confunde con el propio Estado y termina tan confundido que piensa que el Estado es Chávez («les pagaré con un vale que diga cóbrenle a Chávez en el 2030). Las ocupaciones inconstitucionales de fincas ciertamente son el comienzo. Si la intención fuera lograr que los que no tienen tierras las tengan, el gobierno entregaría la titularidad de millones de hectáreas que mantiene bajo su control. Sólo entrega derechos para ponerlas a producir, no entrega propiedad.
Por ese camino terminará creyéndose también el propietario de las autopistas, carreteras, puentes, casas, etc. Y nada de extraño tendrá en ese esquema que Chávez termine diciendo que los derechos de propiedad sobre «Caballo Viejo» no pertenecen a Simón Díaz, o que se confiscan a la sucesión de Rómulo Gallegos los derechos de propiedad sobre «Doña Bárbara». A este paso, terminaremos todos y todo siendo propiedad del Estado, que es lo mismo que decir propiedad del gobierno, o propiedad de Chávez.
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