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«…Desde que el 18 de agosto de 1999 la Asamblea Nacional Constituyente decretó la “emergencia judicial” hasta hoy, con sucesivas normativas jurídico-formales, el control del Poder Judicial de este país ha estado en las exclusivas manos de “El Proceso”. En ese momento tiraron a la basura toda una legislación recién vigente, con la cual podían promover cambios en serio, como las leyes reformadas de Consejo de la Judicatura, Poder Judicial y Carrera Judicial, y hasta ganar indulgencia con escapulario ajeno. Cada acierto y cada error es imputable a quienes han tenido el poder total de quitar y poner, designar, suspender o destituir, crear o abolir. Seis años, varias comisiones y quien sabe cuantas declaraciones. Pero, sobre todo, a un modelo que concentra un poder incontrolado al cual le es muy fácil creerse ilimitado e infalible.
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