La fundamentación de la necesidad de crear y activar la Contraloría social obedece a los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con los cuales se deben conducir los funcionarios y funcionarias al servicio de la administración pública, ellos son: La honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la Ley y al derecho.
A partir de 1999 con la nueva Carta Magna, aprobada por el pueblo soberano ocurrió entre otras cosas la división de los poderes, de tres pasó a cinco: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Es decir, se añadieron dos más de los cuales analizaremos al Poder Ciudadano en breves comentarios.
El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Repúblicano y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. Los órganos del Poder Ciudadano son: La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Los altos funcionarios de estos tres organismos nacionales son escogidos por la Asamblea Nacional y designados por un período de siete años.
La Contraloría Social es el pueblo organizado en redes populares en los barrios, urbanizaciones, empresas fábricas, etcétera. Es fundamental que el (la) ciudadano (a) conozcan sus derechos y deberes y las leyes relacionadas con este tema, entre las cuales podemos mencionar: la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, entre otras a promulgarse.
La Contraloría Social abarca a la empresa privada en el cumplimiento de esta Constitución y las Leyes que estén directamente relacionadas, según su área de influencia.
Una vez conocidos los fundamentos jurídicos que regulan el Poder Ciudadano, se deben establecer equipos a nivel parroquial y por áreas específicas, tales como Salud, Infraestructura, Ambiente, Cultura, Deportes, Seguridad y Empresarial (comercio e industria). Para poder activar de manera eficaz y eficiente contra la corrupción, se requiere una infraestructura mínima de funcionamiento conformada por dirigentes sociales y vecinales que atiendan más a los intereses de los ciudadanos (as) que a intereses de tipo partidista, ya que esto obstaculiza por lo general las denuncias de las personas afectadas contra las violaciones a los derechos sociales y humanos.
Se requiere de hombres y mujeres con un alto compromiso moral y ético que dirijan el Poder Público Nacional.