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Parlamento no removerá a magistrados del TSJ
24/06/08
Caracas. La magistrada de la Sala Penal dice que revisará a fondo la decisión.
Por una cuestión legal, fue desestimada la petición del Poder Ciudadano y devueltos los expedientes de Blanca Rosa Mármol de León y Carlos Oberto Vélez. Se les aplicará sólo una sanción moral.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol de León y Carlos Oberto Vélez seguirán en sus cargos, pues no serán removidos ni suspendidos, como pretendía el Consejo Moral Republicano del Poder Ciudadano.
La comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional rechazó la medida solicitada por la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y el contralor general, Clodosbaldo Russián.
"La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia –artículo 23, ordinal 3°– establece que la remoción debe ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados, siempre que haya sido solicitada por unanimidad del Poder Moral (sic). En este caso, sólo votaron el contralor y la defensora, debido a que se abstuvo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz", adujo la presidenta del Parlamento, Cilia Flores.
El informe que exonera a los magistrados fue elaborado por la Comisión de Política Interior del Poder Legislativo, luego de que el Bloque de Parlamentarios Socialistas Unidos de Venezuela debatió y concluyó que no había elementos jurídicos.
Fue analizado por la directiva legislativa junto con Francisco Ameliach, presidente de la Comisión. Sin embargo, la versión extraoficial indica que Flores y la diputada Nohelí Pocaterra intervinieron por Oberto Vélez, lo que también favoreció a Mármol de León.
"Significa que la petición no cumplió los extremos legales, por lo cual no procede la remoción", señaló Flores.
Oberto Vélez es esposo de Pocaterra y se le acusa de haber favorecido a un grupo que se disputa el control de una empresa editorial nacional. A la magistrada, de intentar tomar una decisión en un caso de Súmate que ni siquiera revisó.
Vacíos. Flores explicó que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece el procedimiento para calificar las faltas, que en estos casos fue de grave; pero que los diputados decidieron imponer a Mármol de León y a Oberto Vélez una sanción moral que no implica la salida de sus cargos, ni siquiera la suspensión de sueldos.
El Parlamento devolverá los expedientes al Poder Ciudadano que, según Flores, podría pedir de nuevo la remoción de uno o los dos magistrados sólo si la fiscal Ortega Díaz cambia de parecer, aunque la ley no estipula esa prerrogativa. De resto, tendría que engavetarse o apelar el castigo moral, es decir, el que aplica la sociedad.
La interpretación de los diputados de la Ley del Poder Ciudadano fue libre, pues el texto legal no establece qué sucede cuando las solicitudes del Consejo Moral Republicano son negadas por la Asamblea, y mucho menos que se pueda reabrir el caso si uno de los miembros del Poder Ciudadano cambia de parecer.
Los vacíos de la norma que rige al Consejo Moral tampoco aclaran las dudas sobre las faltas de uno de sus integrantes, pues no ordena que tengan suplentes por recusación o inhibición, como fue el caso de Ortega Díaz.
Extraoficialmente se conoció que el Parlamento tiene entre sus prioridades la reforma de la Ley del Poder Ciudadano para corregir los errores del año 2001.
Igualmente política.
Luego de conocer la decisión de la Asamblea Nacional, la magistrada de la Sala Penal Blanca Rosa Mármol de León manifestó que se siente complacida por el dictamen de los parlamentarios.
"Celebro que la Asamblea Nacional me diera la razón al acoger los alegatos que he venido sosteniendo. Parece que saben más sobre el Derecho en esa instancia que en el Poder Ciudadano", manifestó Mármol de León.
Aclaró que tiene algunas dudas sobre la posición del Legislativo y que estudiará más a fondo la medida, pues le sigue pareciendo "una decisión política".
Añadió que es importante seguir en la lucha por los derechos.
Fuente: El Nacional. Nación/2
Hernán Lugo-Galicia, hlugo@el-nacional.com
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