Por Gonzalo Himiob Santomé
Son estos momentos de tomar posición, de asumir responsabilidades y de afirmar las propias creencias éticas y políticas, cualesquiera que éstas sean. La encrucijada en la que de nuevo nos encontramos reclama de la ciudadanía definición, valentía y cabeza fría para sopesar los alcances (y lo bueno y lo malo) de lo que nos ha tocado vivir desde hace ya casi ocho años.
Por eso, y porque creo que hay cosas que no deben dejarse pasar, quiero hacer unos comentarios, estrictamente personales y sobre los que asumo plena responsabilidad, sobre lo expresado por la Sra. Mari Pili Hernández en su columna «Sin Duda», publicada el día de hoy 31 de Agosto de 2006 en el diario «El Nacional», en una entrega titulada «Más papistas que el Papa».
Para nadie es un secreto que la Sra. Mari Pili Hernández y quien suscribe estamos (aunque yo no milito en las filas de ningún partido político) en diferentes lados de la acera ideológica y política. Ella se confiesa «revolucionaria» (lo que en estos tiempos sólo quiere decir, por lo menos en Venezuela, que se es afecto al proceso liderado por Hugo Chávez Frías, lo que equivale a la aceptación ciega de sus propuestas y, lo que es más grave, de los métodos de que se sirve para el logro de sus fines) y yo, sencillamente, creo (y espero que la Sra. Hernández respete mi derecho a pensar de esta forma, sino por consideración al oponente porque así se lo ordena nuestra Carta Magna) que esta «revolución», supuestamente democrática, no es ni una cosa ni la otra. No es «revolución» porque no hay en ella renovación de ningún tipo, sino retroceso e irracionalidad, y no es democrática porque no respeta los derechos humanos, no respeta la concepción antropocéntrica de nuestro modelo de Estado (el primero de los fines esenciales del Estado es la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, lo dice el Art. 3 de la CRBV, lo que quiere decir que a la persona se la sitúa por encima del Estado, y no al revés), no tolera (como lo ordena nuestra Carta Magna) ni promueve la existencia del pluralismo político (Art. 2, CRBV) ni de la disidencia política y sólo respeta la voluntad del colectivo (como en el caso que nos ocupa) cuando le conviene.
Sin embargo no es mi postura política (ni, por si acaso, la CIA, o el imperialismo, el fascismo, el golpismo, ni cualquier otro «ismo» con el que el oficialismo etiqueta a quienes se le oponen) la que me mueve a escribir estas líneas. Quiero escribirle a la Sra. Hernández porque creo que, si de verdad queremos ser demócratas, y si de verdad, y no de la boca para afuera, respetamos la Constitución, hay cosas que no pueden decirse.
Por supuesto, no dudo que seré, una vez más, estigmatizado, como lo hemos sido todos los opositores a este régimen falaz e incompetente, y que no faltará algún radical (de cualquiera de los dos bandos en los que lamentablemente hemos sido divididos) al que no le guste lo que estoy por escribir. Pero eso me tiene sin cuidado. Los que me conocen saben que soy de todo menos radical, y también (mis alumnos en las universidades pueden dar fe de ello) saben que cuando toca cuestionar los deslices y los abusos de opositores y de oficialistas no me tiembla el pulso, aunque ello me genere antipatías de toda índole.
La Sra. Hernández, dando cuenta de la extrema sumisión al poder que la hace, como digo arriba, «más papista que el Papa», y muy a su pesar, una verdadera «radical», hablando de lo sucedido en relación a las expropiaciones de los campos de Golf del Country Club y de Vale Arriba, expresa (los destacados son míos) lo siguiente: «…Si quienes nos confesamos revolucionarios no nos sentamos a reflexionar seriamente y a discutir sobre estos temas, seguiremos corriendo el riesgo de que cada gobernador, cada alcalde, cada presidente de instituto autónomo, e incluso cada ministro decida por su propia cuenta cuál es la mejor manera de gobernar y de adelantar el proceso, con grave riesgo de que se caiga en anarquía o incoherencia…», y luego señala, sobre lo anterior, que «…en un proceso que se llama a sí mismo revolucionario esto es inaceptable, puesto que debe haber coherencia en las decisiones, todo el mundo debe remar para el mismo lado, porque se deben tener los mismos objetivos …».
Por más que me esfuerzo no encuentro, por lo menos en la Constitución que yo tengo, nada que diga que en un Estado Federal Descentralizado (y así es nuestro Estado, Sra. Hernández, lo dice el Art. 4°, CRBV) los gobernadores, los alcaldes, los presidentes de institutos autónomos, los ministros o cualquier otro funcionario público estén obligados a prestar sus servicios a un proyecto político en particular. El Art. 141 de nuestra Constitución dice que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y el Art. 145 de la CRBV nos dice que los funcionarios públicos y las funcionarias publicas están al servicio del Estado (no del gobierno) y no de parcialidad política alguna. Los gobernadores y los alcaldes, especialmente, se deben a la gente que los eligió, a quienes confiaron en ellos y les dieron su voto, pues en mi Constitución (no sé cómo será en las que a veces parece que leen los oficialistas) la soberanía reside de manera intransferible en el pueblo (Art. 5°, CRBV) y se ejerce de manera directa a través de los mecanismos previstos en la Constitución y en la Ley. Y eso es así aun cuando la voluntad de la gente imponga a su alcalde o a su gobernador, o a cualquier funcionario público, que siga una línea de acción que contraríe o que no se identifique con lo que dispone el poder central.
La gente primero, la opinión del pueblo primero, y después, si es que queda espacio, los planes particulares de hegemonía del gobernante de turno.
Y no al revés Sra. Hernández.
Es patético que hombres y mujeres buenos, e inteligentes, «revolucionarios» como la Sra. Hernández, deban (tomo el verbo de la propia columna comentada) ceder su capacidad de autodeterminación (su libertad en sentido positivo, como la plantea Norberto Bobbio), su libertad de decidir sobre sus destinos o sobre la manera en la que prefieren hacer las cosas, porque, según ella cree (como lamentablemente lo creen muchos radicales de su bando, a los que, con todo respeto, parece sumarse la Sra. Hernández en su columna), en el bando «revolucionario», «…todo el mundo debe remar para el mismo lado, porque se deben tener los mismos objetivos…», (los destacados son míos) y la única voz cantante ha de ser la de un caudillo que, dicho sea de paso, hace mucho tiempo que, tras sus trajes costosos y los lujos que se da continuamente, tras sus viajes, sus relojes caros y sus proyectos personales; le perdió la vena a un pueblo que hoy por hoy, si aún le sigue es porque, aunque se le sigue vendiendo a manos llenas la esperanza (que no la prosperidad o la verdadera libertad), las cosas siguen sin cambiar.
Dice en su columna la Sra. Hernández que sería «mezquino» y una «torpeza» no reconocer «…en el medio de esta diatriba, que el Ejecutivo nacional ha dado una señal muy positiva en cuanto a lo que significa el respeto del Estado de Derecho…». Yo tendría que decirle, a riesgo de parecerle «mezquino» y «torpe» que no estoy de acuerdo con ella, por muchas razones.
La nobleza, que según la Sra. Hernández nos obliga a aceptar esta postura, nos impone otras cosas. Nos impone recordar las muchas veces que este lamentable y anacrónico proyecto político ha violentado el Estado de Derecho, y la propia Constitución que lo sustenta, en favor de los intereses coyunturales de los factores del poder, especialmente de los de nuestro presidente. Seré «mezquino» y «torpe», como usted dice, pero 17 de los 19 muertos del 11 de Abril (de los dos bandos en pugna política, porque la muerte si no hace esas distinciones absurdas) siguen esperando en sus tumbas que investigaciones objetivas e imparciales (de las 19 muertes sólo 2 –las que se atribuyen a los factores de la oposición, ¿pura casualidad?- han pasado de la fase preliminar de la investigación) encuentren a los responsables de sus muertes, sea que hayan sido los radicales de un bando o los del otro los que los hayan matado.
Seré «mezquino», y muy «torpe», pero aún recuerdo los abusos vividos por los marinos mercantes y por los petroleros que, aún hoy, siguen pagando el precio de haber hecho lo que la Constitución les permite hacer: disentir y protestar. Seré muy «mezquino» y lamentablemente «torpe», pero todavía los venezolanos tenemos en los labios el mal sabor de la muerte de Maritza Ron, de la represión excesiva y brutal durante las guarimbas, de los 20 torturados (lo dice el expediente, que es público) durante las detenciones de Los Semerucos; de las listas «Tascón» y «Maisanta» y de los sufrimientos de muchos venezolanos y venezolanas que han padecido graves discriminaciones y perjuicios (contra lo que ordena nuestra Carta Magna) por haberse atrevido a pensar diferente, y a manifestar su pensamiento a través del voto o de otros medios que la Constitución prevé.
Seré «mezquino», como propone la Sra. Hernández, pero yo si he vivido personalmente la falacia de los juicios penales que se les siguen, y las terribles condenas que se les imponen, a venezolanos dignos (como el General Francisco Usón, y muchos otros) cuyo único pecado ha sido no estar de acuerdo con la Sra. Hernández en que, para hacer las cosas bien, incluso dentro de la «revolución» se «…debe remar para el mismo lado…» a costa de lo que sea, incluso de la propia dignidad.
Seré «mezquino» y «torpe», pero creo que un país en el que para ser Juez haya que estar identificado con su proyecto político y ser «revolucionario» (así lo ha dicho hasta la saciedad el Presidente del TSJ), y ahora, además, haya aprobar el curso que imparte la Escuela Judicial dirigida por magistrados «revolucionarios» (en franco desdén por la calidad de los niveles de postgrado de las restantes universidades públicas y privadas de nuestro país); o en el que el Presidente califica de «plasta» a cualquier decisión con la que no esté de acuerdo, con la consecuencia de que se tergiverse la ley, y se violen los más importantes principios jurídicos, para que ésta luego sea revocada a conveniencia, sea un país en el que el Ejecutivo nacional de ninguna «señal positiva» en cuanto al respeto del Estado de Derecho.
Y no hablemos de lo «mezquino» que puedo llegar a ser, por lo menos en el sentir de la Sra. Hernández, si traigo a colación que el pueblo (y hablo de todos, los oficialistas y los opositores) no creen ni en la Fiscalía General, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en la Contraloría, porque, para quienes dirigen estas instituciones que deberían ser «de todos», sí aplica, definitivamente, la regla propuesta por la Sra. Hernández: para el que está en el Poder Público, decidir o pensar «por su propia cuenta» (¿y no se supone que sólo deben ceñirse a las leyes y a la Constitución, y que no deben plegarse a los designios de parcialidad política alguna?) es incurrir en el grave riesgo de que se caiga en la «anarquía» y en la «incoherencia».
Seré, terriblemente «mezquino» pero especialmente «torpe» (porque esta es mi especialidad así que mi torpeza no tendría justificación jamás) pero no puedo estar de acuerdo con la Sra. Hernández en que en nuestro país se ven signos «positivos» del respeto al Estado de derecho cuando desde la Asamblea Nacional se ha reformado el Código Penal varias veces, y se han promulgado otras tantas leyes penales (como la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada) con la única finalidad de adaptar las leyes penales a la necesidad compulsiva del régimen de criminalizar todo lo que (como lo hizo el dictador Juan Vicente Gómez en 1.926) le huela a manifestación de disidencia.
No es el «respeto» al Estado de Derecho lo que motivó la reacción del Poder Ejecutivo contra los excesos de Juan Barreto, no hubo «nobleza», ni «respeto a la ley» en la reacción oficial sino, y «el que tenga ojos que vea», necesidad electoral del enmendar la plana de cara a la pérdida de popularidad evidente que significó la afrenta y el abuso del Alcalde Metropolitano. No hubo ninguna señal «clara y rápida» de respeto a la Constitución, sino evidentes muestras de que el oficialismo se percató, tarde por demás, del daño que la radicalización (y en eso estoy de acuerdo con la Sra. Hernández) le hace a las causas políticas y electorales, sobre todo a las que, de tanto inflar las expectativas de los desposeídos, y de tanto olvidarse de ellos, están, como yo creo que lo está la «revolución» con la que simpatiza la Sra. Hernández, preparando sus maletas.
Gonzalo Himiob Santomé
Abogado
Más papista que el Papa, Mary Pili Hernández: http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=105564