EUD.COM ¡ABOGADOS TEMBLAD! Me comentan que tal fue la expresión jaquetona del ministro de Relaciones Interiores y de Justicia, cuando presentó en conventículo, este proyecto de ley que se agrega a la postración y nula independencia de nuestro Poder Judicial. Como Cuba no tiene abogados para la exportación, hay que seguir la minimización de nuestros juristas con proyectos normativos, que al final, a quien dejará indefenso es al llamado soberano. Veamos.
EL ELEMENTO ESENCIAL del trabajo del abogado es la libertad. Para Ossorio, la abogacía es desde todo punto, incompatible con la tiranía. Yo, lo presentaría desde un ángulo un tanto diferente: nada es más intolerable para un abogado, que un tiranuelo. El verdadero profesional del Derecho personifica la sublevación racional, civilizada, pero vehemente, contra la obediencia ciega a las órdenes del poder. Contra el fallo del juez, apela ante la alzada. Contra el fallo de la alzada, recurre ante el tribunal de casación. Contra el mandato del ministro, acude en vía contencioso-administrativa o interpone un amparo. Contra las normas emanadas del Parlamento, agota el recurso de inconstitucionalidad de la ley. A las autoridades más altas de su país, las acciona por responsabilidad civil, penal o política. Me hacía estas reflexiones con motivo de la Ley de Registro y Notarías, que aspira sancionar el Presidente de manera clandestina. ¿Es usted un modesto comerciante o una empresa transnacional, que se dirige al abogado de su confianza, para que le redacte un complicado contrato, una asamblea de accionistas o le vise el sencillo traspaso de un automóvil? No lo podrá hacer otra vez. El proyecto de ley, que hoy colocamos en nuestra página en la red, establece que tendremos que acudir ante un notario bolivariano, para que ‘interprete adecuadamente’ nuestras ‘manifestaciones de voluntad’ (Arts. 1, 119 y 133 literales b) y f) ¡al diablo con la perniciosa costumbre de firmar las cláusulas que juzguemos más beneficiosas a nuestros intereses! En lo adelante quien traducirá los deseos contractuales de los venezolanos y dictaminará lo que es bueno o no es bueno para ellos, será un notario nombrado por Miquilena. Sí, ya lo sé. Este sistema rige en España y de allí fue implantado en algunos países latinoamericanos. Pero en España hoy, es una tradición consolidada, que nació cuando no habían abogados suficientes, en especial en las provincias más remotas. Por eso los reyes castellanos decidieron trasladar a los notarios, no sólo para que dieran fe pública de los actos que presenciasen, sino para que redactasen los contratos entre unos súbditos casi siempre analfabetas. En términos relativos, Venezuela es el país con más abogados del mundo. Veamos unos pocos ejemplos. Tenemos casi 100.000 egresados mientras, Estados Unidos con un PIB 400 veces más grande que el nuestro, tiene apenas siete veces más colegiados. Alemania con un PIB 40 veces mayor, tiene sólo dos veces más matriculados que Venezuela, quien de paso tiene más abogados que Japón y la ya mencionada España. Hoy, cuando la tendencia es privatizar servicios considerados no esenciales, se pretende asumir a través de notarios nombrados por el gobierno, la función de ‘redactario público’ de documentos (Art. 119 del proyecto). Hablamos de un régimen incapaz de expedir una cédula de identidad, de dotar de carnet de circulación a los automóviles y hasta de recibir los impuestos de quien quiera pagarlos. No hace falta ser muy imaginativo para predecir las demoras y corruptelas, a objeto de que ‘su señoría, notario bolivariano’ interprete lo que queremos expresar en un negocio jurídico y sobre todo, para que el documento se otorgue sin las consabidas dilaciones. EL PROYECTO TOP SECRET. El buen amigo que tuvo la valentía de entregarme el proyecto en cuestión, me advirtió de los riesgos que corría al hacerlo. ‘Este adefesio, es secreto de Estado’ me dijo. Los presidentes de la Federación de Colegios de Abogados, de los Colegios de esos profesionales y miembros de las Cámaras de Comercio del país, afectadas por este instrumento, cuando les pregunté si estaban enterados de esta ocurrencia del señor Miquilena, quien no pasó del tercer grado y ya no tiene edad para aprender de lo que no sabe, me confesaron no disponer de información al respecto. Pero la ley va. No la discutió el Parlamento y tampoco ha sido sometida a consultas. Claro, Chávez fue habilitado para legislar y esa es la forma de entender el término ‘democracia participativa’ de esta republiqueta bolivariana. Por supuesto que el Presidente no fue habilitado para reformar el Código Civil. Ni el de Comercio. Ni las leyes de Abogados, Identificación, ni la normativa electoral y muchas otras más, que invade el citado proyecto. Menos aún para atentar contra los derechos económicos y al trabajo que consagra la constitución. ¡Cosas de leguleyos! dirán estos presuntos reformadores. Pero lo expresábamos al comienzo. Tiranuelos y abogados son dos actores incompatibles. Veremos si con el citado proyecto, en lugar del ‘abogados temblad’, quien termine con convulsiones, sea esta revolución forajida e inepta. http://enopinion.tripod.com