Enviado por Alberto Baumeister Toledo
«…En el diario Últimas Noticias del pasado 11 de enero de 2005, apareció una nota firmada por el periodista Eligio Rojas en la cual se informó a la opinión pública, que esta semana se citaría a diversas personas, entre las cuales se me mencionaba, quienes supuestamente habrían participado «en la confección del decreto por el cual Pedro Carmona disolvió todos los poderes públicos el 12 de abril de 2002…»
Caracas, 14 de enero de 2005
Ciudadana
Luisa Ortega Díaz
Fiscal 6º del Ministerio Público con Competencia Nacional
Fiscalía General de la República.
Quien suscribe, Allan R. Brewer-Carías, venezolano, abogado, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. 1861982, ante Ud. respetuosamente acudo para exponer:
I
En el diario Últimas Noticias del pasado 11 de enero de 2005, apareció una nota firmada por el periodista Eligio Rojas en la cual se informó a la opinión pública, que esta semana se citaría a diversas personas, entre las cuales se me mencionaba, quienes supuestamente habrían participado «en la confección del decreto por el cual Pedro Carmona disolvió todos los poderes públicos el 12 de abril de 2002», indicándose que según habría dicho una fuente, «las citaciones se harán en base a lo relatado por el mismo Carmona en su libro Mi Testimonio ante la Historia, incorporado al expediente del 11-A»; copiándose parte de lo que se expresa en la página 123 de dicho libro, en el cual su autor expresó: «no fue sencilla la tarea de preparación del controvertido decreto. No hubo autorías únicas. Se escuchó a juristas civiles y militares, entre ellos, Allan Brewer Carías, Carlos Ayala Corao, Cecilia Sosa, Daniel Romero, Juan Raffalli, Gustavo Linares Benzo, José Gregorio Vásquez y el coronel Julio Rodríguez Salas» (Ultimas Noticias, Caracas 11-01-2005, p. 20). En el libro, el autor termina además dicho párrafo con la siguiente frase: «y a numerosos actores políticos, pero no puede decirse que sus opiniones fueron plasmadas plenamente o que se les pueda imputar su redacción» (p. 123).
Efectivamente, en mi condición de abogado en ejercicio, en la madrugada de dicho día 12 de abril de 2002, se me solicitó opinión jurídica sobre el referido documento, y a ello hace referencia el mismo Carmona en otro pasaje de su libro, al indicar lo siguiente:
«Cuando ya se daba como un hecho el anuncio de la renuncia presidencial, se comenzó a analizar en Fuerte Tiuna la orientación que podría asumir un nuevo gobierno, con base en un borrador elaborado por un grupo de abogados, entre ellos, Daniel Romero. Hablé telefónicamente con el Dr. Allan Brewer-Carías, a quien me unía una respetuosa relación profesional. A él le pedí que se trasladara al Fuerte, pues deseaba conocer su criterio. Envié a mi conductor a buscarlo a su residencia y al llegar al lugar, le solicité analizar el papel de trabajo en el cual se encontraban plasmadas varias ideas al respecto. Pero es justo puntualizar, como lo hice ante la Asamblea Nacional, que nunca he atribuido al Dr. Brewer-Carías la autoría del Decreto, pues sería irresponsable, como lo hicieron luego representantes del oficialismo para inculparlo. Respeto incluso las diferencias que el Dr. Brewer expresara en relación con el camino elegido y las constancias que dejó en las actas de la entrevista que le hiciese la Fiscalía General de la República, aun cuando discrepo de algunas de sus interpretaciones. Pero él mismo dijo que se alegró con la rectificación posterior del Decreto, pues atendía la esencia de sus preocupaciones, principalmente respecto a la Carta Democrática Interamericana» (p. 107-108).
Del anterior párrafo resulta claro lo siguiente:
1. El documento que serviría para la organización de un supuesto «nuevo gobierno» ya estaba redactado antes de que Carmona me llamara telefónicamente a mi casa en la madrugada del día 12 de abril de 2002.
2. La llamada telefónica de Carmona fue para conocer mi criterio jurídico sobre el mencionado documento, a cuyo efecto me mandó a buscar con su chofer. Mi actuación fue la de abogado, y no participé en reunión alguna ni con civiles ni militares en las cuales se hubiera tomado decisión política alguna en relación con los acontecimientos de ese día. Fui retornado a mi casa en la misma madrugada del 11 de abril, como Carmona lo indica en el libro (p. 110), sin haberle podido dar mi opinión sobre el documento.
3. Mi opinión jurídica a Carmona, quien era la persona que había solicitado mi opinión, sólo se la pude dar por teléfono desde mi casa al fin de la tarde del 12 de abril, que fue la única ocasión que tuve de hablar con él sobre el tema, pues lamentablemente no tuve oportunidad de hablar personalmente con él durante el día sobre el texto del decreto, a pesar de que fui al Palacio de Miraflores hacia el mediodía de ese día con tal propósito. Allí estuve poco tiempo, y salí pasado el mediodía, al no entender la dirección de los acontecimientos y captar que las decisiones políticas a las que se refería el proyecto de decreto no serían modificadas. Por tanto, no estuve en Miraflores durante la tarde del día 12 de abril, ni asistí al acto de instalación del nuevo gobierno.
4. Mi criterio profesional, expresado a Carmona, fue contrario a las decisiones políticas que estaban incorporadas en el documento; por eso las «diferencias en relación con el camino elegido» a que hace referencia el autor, quien además señala que discrepó de mis interpretaciones. Estimé efectivamente, que lo que se proponía como decisiones en el documento era contrario a la Carta Democrática Interamericana, que es el instrumento internacional sobre doctrina democrática más completo en el Continente, y por ende, contrario al orden constitucional; y por eso me alegré, como lo dice el autor, con la «rectificación posterior» del decreto que restablecía la representación popular de la Asamblea Nacional. Carmona hace referencia en su libro, además, a que uno de sus asistentes, en la noche del 12 de abril, le había solicitado que hablara conmigo para que conociera mis observaciones al Decreto (p. 148).
II
A todos estos hechos me he referido en la declaración que rendí ante esa Fiscalía General de la República, donde acudí voluntariamente ante el Fiscal José Benigno Rojas en julio de 2002, las cuales deben constar en el expediente correspondiente. Además, a todos esos hechos me referí ampliamente en mi libro La Crisis de la democracia Venezolana. La Carta democrática Interamericana y los sucesos de abril de 2002, Ediciones Los Libros de El Nacional, Editorial CEC, S.A., Caracas 2002, 263 pp.), en el cual entre otros aspectos, expuse lo siguiente:
VI. TESTIMONIO SOBRE LOS HECHOS DEL 12-04-02
En la madrugada del día viernes 12 de abril de 2002, todo el país se encontraba en medio de una percepción de la crisis de gobierno y de ausencia de titulares de los órganos del Poder Ejecutivo, antes indicada. Precisamente en esa madrugada, pasada la 1:00 a.m., recibí en mi casa una llamada telefónica de Pedro Carmona, Presidente de Fedecámaras, disculpándose por lo tarde, pero a la vez destacando la grave crisis política que existía y preguntándome si me podía trasladar a Fuerte Tiuna, que es la sede del Ministerio de la Defensa y de la Comandancia General del Ejército, pues deseaba conocer mi opinión sobre un tema jurídico que se le había planteado en ese momento y lugar.
Había escuchado y visto en la televisión durante la tarde y noche del día 11 de abril de 2002, en mi casa, como lo hicieron la gran mayoría de los venezolanos y el mundo entero a través de la televisión, todos los lamentables acontecimientos que se habían sucedido al finalizar la marcha cívica, así como las antes mencionadas sucesivas apariciones televisadas de oficiales de los diversos componentes de la Fuerza Armada Nacional, desconociendo la autoridad presidencial y del Alto Mando Militar.
En razón de la incertidumbre que percibía, ante el requerimiento de Carmona, la prudencia me llevó a señalarle que yo no tenía forma de trasladarme a Fuerte Tiuna, ante lo cual me insistió y me indicó que me mandaría a buscar a mi casa. Efectivamente, alrededor de las 2:00 a.m., se presentó en mi casa una persona que se identificó como el chofer del Dr. Carmona junto con un efectivo militar, quienes me trasladaron a Fuerte Tiuna.
Había hablado, previamente, con diversos amigos latinoamericanos residentes en el exterior, quienes me habían llamado telefónicamente preocupados por los acontecimientos de Caracas. Les informé que Pedro Carmona me había llamado para solicitarme una opinión jurídica, señalándoles que les informaría cuando tuviera idea precisa de lo que estaba ocurriendo, y que en todo caso, exigiría el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana; texto sobre el cual venía, precisamente, trabajando. Para ese momento no tenía conocimiento exacto de cual era la real situación de la crisis política, salvo la apreciación que tenía, como todos los venezolanos, de las informaciones recibidas a través de la televisión.
Además, como he señalado, había estado fuera de Venezuela durante las dos semanas precedentes, entre Nueva York y el Estado de Colorado en los Estados Unidos, desde el 26 de marzo hasta el 8 de abril de 2002 en parte, en actividades de investigación. Cuando llegué a Caracas en la noche de ese día 8 de abril tuve una información más exacta que la que podía haber recibido en el exterior sobre el paro nacional convocado para el 9 de abril y, en general, sobre los últimos eventos que habían ocurrido en el país. Como es obvio, no participé en reunión alguna en la cual se hubiese tratado o decidido convocar los paros y las marchas que se efectuaron los días 9, 10 y 11 de abril, o se hubiese discutido o considerado la constitución de algún gobierno de transición.
Antes de salir de viaje, el 26 de marzo de 2002, como señalé, había estado dedicado a la preparación de diversos documentos de carácter académico que habían ocupado buena parte de mi atención y de mi tiempo; entre ellos, la ponencia sobre «El régimen constitucional de los servicios públicos» para las VI Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo organizadas por FUNEDA, a las cuales asistí durante los días 5 al 8 de marzo de 2002; el «Discurso de Orden» con motivo de recibir el Premio Francisco de Venanzi a la trayectoria del Profesor Universitario de la UCV, que leí en el acto académico en el Paraninfo de la Universidad, el 15 de marzo de 2002 ; el «Discurso de Orden» con motivo del Aniversario de la creación del Estado Yaracuy, que leí en el Parque de San Felipe El Fuerte, en San Felipe, el 19 de marzo de 2002 ; la conferencia sobre «La democracia venezolana a la luz de la Carta Democrática Interamericana» que di en la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto el mismo día 19 de marzo de 2002, en la noche ; y la ponencia sobre «El paralelismo entre el constitucionalismo de Cádiz y el constitucionalismo venezolano (o de cómo el primero no influyó sobre el segundo) que presenté al «I Simposio sobre la Constitución de Cádiz de 1812 y el Constitucionalismo Iberoamericano» que se celebró en Cádiz, España, entre el 24 y el 27 de abril de 2002 , al cual asistí como conferencista invitado. Evidentemente, toda esta intensa actividad académica requirió mi atención y dedicación a tiempo completo desde el comienzo del mes de marzo de 2002.
Al llegar en la madrugada del 12 de abril de 2002 a Fuerte Tiuna, fui llevado por el chofer de Pedro Carmona a una edificación que no reconocí de inmediato, pero que resultó ser la Comandancia del Ejército. Me recibió Carmona, quien me solicitó que analizara un documento que le habían entregado a su llegada a Fuerte Tiuna, a cuyo efecto se me puso en contacto con dos jóvenes abogados, quienes fueron los que me mostraron un documento con un proyecto de decreto para un gobierno de transición que le habían entregado a Carmona, lo que había motivado el requerimiento de éste para que se me llamara .
Reconocí a esos dos abogados, por haberlos visto por primera y única vez en mi vida, dos días antes, el 10 de abril de 2002, en la oficina de Jorge Olavarría, quien me había invitado a una reunión con él a las 6 p.m. de ese día. Jorge Olavarría también había sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y juntos conformamos el exiguo grupo de oposición en la Asamblea. Una vez reunidos Olavarría y yo en su oficina, se presentaron esos dos jóvenes abogados, antes mencionados, sin que yo tuviera conocimiento previo de su identidad. Ignoro por qué Olavarría tenía previsto recibir a esos abogados, ni para quién o quiénes trabajaban.
Los dos abogados nos leyeron, a Olavarría y a mí, un documento escrito que traían, contentivo de un proyecto de decreto de constitución de un gobierno de transición. Esto ocurría dos días antes de los acontecimientos del día 12 de abril.
Oída la exposición de esos abogados, me causó sorpresa el contenido del documento. Sin embargo, por tratarse de personas que no conocía y a quienes no atribuía influencia especial en ningún círculo, mi reacción fue la de no dar mayor importancia a ese documento, y considerarlo como un episodio más dentro del escenario de rumores e iniciativas irrelevantes que desde hacía tiempo perturbaban nuestra vida diaria. Después de que Olavarría hizo una ilustrada disertación histórica, me limité a hablarles de la existencia de la Carta Democrática Interamericana aprobada el 11 de septiembre de 2001, sobre la cual, como se ha dicho, me encontraba haciendo un extenso estudio de carácter científico. Les reflexioné sobre los efectos internacionales de la ruptura del orden constitucional, específicamente a la luz de esa Carta, y me di cuenta de que ni siquiera conocían de su existencia.
Sobre estos hechos, Jorge Olavarría envío con fecha 9 de julio de 2002 una comunicación al Dr. José Benigno Rojas, Fiscal encargado de las investigaciones sobre los sucesos del 12 de abril de 2002 en la Fiscalía General de la República, con el siguiente texto:
Comparezco ante usted para rendir testimonio bajo fe de juramento de la constancia que tengo de la injuriosa falsedad que le atribuye al Dr. Allan Randolph Brewer Carías, de haber sido el autor del acta de constitución del llamado «Gobierno de transición y unidad nacional» instalado en el Palacio de Miraflores la tarde del 12 de abril pasado.
Me consta que el Dr. Brewer no redactó ese documento. Considero mi deber testimoniarlo así, no solo por la vieja amistad que me une con él, sino porque se trata de uno de los mas relevantes juristas venezolanos del presente a quien la envidia y la mezquindad se han complacido en zaherir imputándole la autoría de un documento que, mas allá de la valoración política que pueda hacerse de los hechos que lo motivaron, es objetivamente, el mas absurdo disparate de nuestra rica historia de instrumentos de instalación de gobiernos de facto.
El miércoles 10 de abril accedí a recibir en mi despacho a unos abogados interesados en consultarme asuntos relacionados con los temas de varios artículos publicados por mi en El Nacional: «La transición posible» (12 de febrero) «El Derecho a rebelión» (19 de febrero) y «El artículo 350» (26 de febrero). Llame al Dr. Brewer Carías y le pedí que nos reuniéramos en mi despacho a esa hora, para enterarlo de todo lo que estaba sucediendo pues había estado ausente de Venezuela varias semanas y de paso, aprovechar sus superiores conocimientos jurídicos en la consulta que se me haría.
En eso estábamos cuando pasadas las seis de la tarde del miércoles 10 de abril, llegaron a mi despacho los abogados Daniel Romero y José Gregorio Vásquez a quienes no conocía. El Dr. Romero leyó lo que pretendía ser un proyecto de instalación para un gobierno de transición. Yo les hice algunas observaciones de carácter histórico y el Dr. Brewer llamo su atención acerca de la Carta Democrática Interamericana, haciéndose evidente para ambos la ignorancia de los abogados en esos temas por lo cual no les dimos mayor importancia. Cuando se marcharon, el Dr. Brewer y yo comentamos la ligereza y banalidad del documento, del cual me dejaron una copia.
Al día siguiente jueves 11 se efectuó la marcha prevista que resultó mucho mayor de lo que nadie había pensado y que en Chuao decidió encaminarse a Miraflores para pedir la renuncia del Presidente Chávez, lo cual concluyo en la masacre perpetrada por pistoleros adictos al gobierno como es público y notorio.
Al día siguiente, en la tarde del viernes 12 pude ver por la Televisión con estupor y alarma, que el Dr. Daniel Romero, el mismo que había estado en mi despacho en la noche del miércoles 10 leía el acta de instalación de un gobierno de facto presidido por el Presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga.
Supe que el Dr. Brewer Carías había estado en la madrugada de ese día en la Comandancia del Ejército y luego en el Palacio Miraflores. De allí que corriera la especie de que el había tenido algo que ver con el acta de constitución hecha pública esa tarde. Yo, mejor que nadie, sabía demasiado bien que ello no era cierto. Presumí, que si acaso Brewer fue consultado, sus opiniones no fueron tomadas en cuenta por quienes actuaron con temeraria irresponsabilidad, lo cual me ha sido confirmado posteriormente.
Me complace en rendir este testimonio, que exime totalmente al Dr. Allan R. Brewer Carías de toda injerencia en el lamentable episodio del gobierno de facto de Carmona Estanga. Consigno copia del proyecto de acta que me fue entregada el miércoles 10, la cual cotejaba con la que se hizo publica el viernes 12, revela su similitud en casi todo, menos en la referencia a la masacre de la marcha.
Con ocasión de la Reunión de Trabajo de la Comisión Especial que investigó los hechos de abril de 2002 de la Asamblea Nacional para oír la declaración del Presidente H. Chávez el día 31-05-02, en una pregunta formulada por el diputado Héctor Vargas en la cual afirmó que «antes del día 11 algunas personalidades conocían el famoso decreto», solicitó se pasara un video con una entrevista a Jorge Olavarría «donde manifestaba que tenía el decreto un día antes del 11, que se lo fueron a mostrar». En la entrevista pasada en la sesión de la Comisión Especial, dada a la Televisora Promar de Barquisimeto, Olavarría expresó lo siguiente, según la trascripción oficial:
Efectivamente a las 6 de la tarde del miércoles 10, llegó a mi oficina, aquí mismo a este despacho, donde estamos tú y yo, Randy Brewer y pocos minutos después llegaron los doctores Daniel Romero y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Yo no conocía a Daniel Romero, no lo había visto nunca en mi vida, ni sospechaba que andaba metido en una cuestión relativa a la posibilidad de una fractura del orden constitucional como habían tantísimas otras posibilidades y venían a hablar conmigo concretamente en relación a un artículo que yo había publicado en el diario El Nacional en febrero, que se llama «El derecho a la rebelión», el doctor Romero dijo que estaba en contacto con algunos oficiales de las Fuerzas Armadas, que podía ser inminente una ruptura del orden constitucional y que me quería consultar lo que él traía y sacó para afuera el decreto y lo leyó».
Seguidamente el periodista entrevistador afirmó «El mismo decreto que leyó Carmona», a lo que respondió Jorge Olavarría: «El mismo decreto». El periodista le pregunta «Se lo lee a usted» y Jorge Olavarría respondió «Me lo lee a mí, estaba yo sentado en esa silla, Brewer estaba al lado mío y yo le veo la cara a Brewer y Brewer me ve la cara a mí y lo escucho, cuando termina de decirlo, le dije mira, yo no quiero parecer profesoral aquí, pero es menester que yo te haga algunas explicaciones fundamentales…
Luego agregó el Dr. Olavarría:
… que cuando los doctores Romero y el otro se fueron de aquí, yo me quedo conversando con Brewer a solas, y le dije mira, esto que han traído estos muchachos y me perdonarán las personas que me escuchan, pero las cosas hay que decirlas con la crudeza del caso, esto que me trajeron estos muchachos es una mierda, sí totalmente, si esto va a pasar hay que hacer las cosas bien hechas, porque eso fue un disparate mayúsculo, técnico o político…
Ahora bien, con motivo de lo expuesto en la sesión de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional con el Presidente Chávez, la periodista Vesmariana Gómez, del diario El Nacional, le hizo una entrevista a Jorge Olavarría, quien respondió como sigue a las preguntas formuladas:
? ¿Cuándo conoció usted el decreto y bajo qué circunstancias?
El miércoles 10 de abril a las 6 de la tarde (el día antes de la marcha del 11) se presentaron en mi Oficina los abogados Daniel Romero y José Gregorio Vásquez a quienes yo no conocía. Por sugerencia de un amigo, venían a consultarme un asunto relacionado con los estudios que yo he hecho sobre los golpes de Estado en Venezuela, y el derecho a la rebelión que han sido materia de muchos artículos publicados por mí en El Nacional, desde enero del 2000. Yo le había pedido a mi amigo Allan R. Brewer Carías que viniera. Ambos escuchamos a Romero leer el decreto sin pensar que sucedería lo que sucedió. No le dimos importancia porque creíamos que no la tenían.
? ¿Qué críticas le hizo al referido documento y cuáles fueron sus recomendaciones a quienes se lo presentaron?
Antes que nada quiero advertirle que el proyecto de Acta-Decreto que nos leyeron y entregaron y cuya copia tengo no se refería a la masacre del día siguiente En ese momento no se sabía ni siquiera si la marcha del Parque del Este a PDVSA Chuao tendría la magnitud que tuvo. Lo de la masacre fue incorporado en los Considerandos del Decreto de Constitución del gobierno de Carmona el viernes 12.
Lo que si era casi idéntico en el documento que me leyeron es la parte dispositiva. El documento era muy malo y muy pobre. Brewer estaba aburrido y ni siquiera lo leyó. Básicamente yo les expliqué con mucho detalle que eso no se hacía así para lo cual les hice una larga exposición de los golpes de Estado, empezando por el del 19 de abril de 1810 y terminando con el del 23 de enero de 1958. Les explique que el patrón establecido sobre todo después de la revolución legalista de Crespo de 1892, la revolución de Castro de 1899 y las de octubre del 45 y noviembre del 48 es que primero se hace un Manifiesto donde se explican las causas del alzamiento, luego esta el Acta de Constitución que es muy importante pues ese será el fundamento del gobierno de facto, y es un documento parco y breve. luego vienen los Decretos cada uno con sus respectivos considerandos, por los cuales se hacen actos de gobierno y por ultimo, esta el procedimiento que se empleara para legitimar el gobierno. Esta gente metía todo eso en un solo saco, haciendo con ello una ensalada indigesta y absurda.
? ¿Cómo fueron recibidas sus críticas al decreto?
Con mucho interés y cortesía. Tomaron notas de lo que se les dijo. Brewer fue muy parco. Cuando les mencionó la Carta Democrática de la OEA suscrita en Lima el pasado 11 de noviembre, se hizo evidente que no habían oído hablar de ella. Cuando se fueron, le comenté a Brewer que ese documento era una m…. El estuvo de acuerdo, hizo un gesto con la mano de desprecio y no los tomó en serio. Yo tampoco. Mi sorpresa fue mayúscula cuando el viernes 12 vi al Dr Romero leer el decreto al cual se le habían añadido unas cuantas cosas en la parte motiva, pero la dispositiva era idéntica. En la historia de Venezuela no ha habido un disparate igual. Es una infamia decir que Brewer tuvo algo que ver con eso. Brewer es el jurista constitucional de mas calibre que hay en Venezuela. Ni que me jure de rodillas que el tuvo algo que ver con ese disparate se lo creo.
? ¿Por qué razón y con qué fin considera usted que el presidente de la República, menciona su nombre en el marco de las investigaciones que lleva a cabo la Comisión Especial de la Asamblea Nacional?
Supongo que para demostrar que ese golpe estaba preparado, cosa que no necesita ser demostrada porque eso era y es evidente… aunque en este caso estaba muy mal preparado. Es una lastima que Carmona, que pudo haber consultado a Brewer (y a mi si me hubiera llamado), se puso en manos de Daniel Romero, quien a su vez obedecía a Molina Tamayo y a su patrón, Pérez Recao que son hasta donde he podido averiguar los verdaderos responsables de esa torta
? ¿Por qué cree que el presidente Chávez usa este hecho como un argumento a su favor en relación a su participación en los hechos del pasado mes de abril?
Porque toda su estrategia esta concentrada en distraer la atención sobre su responsabilidad en la masacre del 11 de abril y concentrarla en el fracasado golpe. Lo que sucede es que se limita a los militares. Al prelado y los nueve civiles que firmaron el acta en nombre de la sociedad civil ni los ha tocado.
? ¿El que usted conociera el decreto con anticipación confirma la versión de que los errores del Gobierno transitorio no fueron producto de la improvisación sino intencionales. O más bien responde a un proceso de anticipación por parte de quienes adversan al actual mandatario?.
Esto tomando en cuenta que hacía meses la oposición venía haciendo algunas propuestas de cómo debería llevarse una transición después de «sacar» al presidente Chávez del Gobierno.
No confirma nada. Todo el enjambre de errores que se condensan en el acta-decreto fueron errores graves. La salida de Chávez era previsible pero quienes lo sacaron no tenían nada previsto. Creo que Molina Tamayo, Daniel Romero y Pérez Recao jugaron a decirle a los civiles que eso es lo que querían los militares y a los militares que eso es lo que querían los civiles. En medio de la confusión eso pasó. Por lo que he leído de las interpelaciones, los militares no conocían el texto del Decreto. Lo que si sé es que fueron errores graves que habrían podido ser evitados si quienes recibieron la confianza de los militares hubieran sido menos necios y arrogantes .
En sentido similar, Jorge Olavarría respondió al periodista Abelardo Pérez, de la Cadena Capriles, las siguientes preguntas, así:
? ¿Ud. estaba al tanto de esta situación?
Cuando Daniel Romero llegó a mi oficina el miércoles 10 a las 6 de la tarde, ni Brewer ni yo lo conocíamos y yo no recordaba que había figurado como abogado de Molina Tamayo. Cuando nos leyó el proyecto de Decreto, la verdad es que no lo tomamos en serio. Brewer ni siquiera lo leyó. Cuando al día siguiente lo vi leyendo un Decreto muy parecido, yo no salía de mi asombro. Luego me entere de las vinculaciones de Romero con Molina y con Pérez Recao. No puedo entender cómo Carmona, teniendo a su disposición la asesoría de un jurista de la talla de Brewer no le hizo caso y prefirió el disparate de Daniel Romero.
? ¿Cuándo y donde fue hecha esa entrevista?
Ya le dije, el miércoles 10 de abril a las seis de la tarde en mi Oficina. Yo fui el que llamó a Brewer. Cuando Romero y Vásquez llegaron no los conocíamos ni sabíamos que se traían entre manos. Le repito Brewer no los tomó en serio, porque cuando les mencionó la Carta Democrática de la OEA se evidenció que no la conocían. Cuando se fueron le comenté a Brewer «esto es una m….» El estuvo de acuerdo .
Queda claro, por tanto, que el documento contentivo del proyecto de Decreto que le habían entregado a Pedro Carmona en Fuerte Tiuna, en la madrugada del día 12 de abril, lo que había motivado que me llamara a pedirme mi opinión jurídica, ya estaba elaborado desde días antes . Mal pude, por tanto, redactarlo yo ni mucho menos concebir las decisiones políticas que contenía.
En todo caso, mi primera inquietud al llegar a Fuerte Tiuna fue la de saber lo que realmente estaba ocurriendo allí. En ese lugar imperaba un ambiente de desorden; había mucha gente, la mayoría oficiales a quienes no conocía y cuyo rango no distingo, que caminaban de un lugar a otro. Algunos decían que el Presidente de la República había renunciado, otros que se había ido del país y otros que estaba detenido.
La opinión que como abogado se me había requerido se refería al documento que tenían los dos jóvenes abogados con quienes se me pidió hablar, y que habían entregado a Pedro Carmona; cuyo contenido, en cuanto a las decisiones políticas que contenía, era básicamente el mismo del que habían llevado y leído en la oficina de Jorge Olavarría dos días antes. Mis consideraciones fundamentales en torno al documento se basaron en la doctrina contenida en la Carta Democrática Interamericana que antes he comentado, e, incluso, glosé allí por escrito el contenido de los artículos 3 y 4 de dicha Carta que se refieren a los elementos esenciales de la democracia representativa y a los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, los cuales habían venido siendo vulnerados por la práctica gubernamental en los últimos años. La reseña de esas violaciones la tenía redactada, incluso en forma manuscrita, como suelo escribir, en páginas amarillas, cuyo texto forma la Tercera Parte de este libro.
Consideraba y considero que en el país ciertamente se habían venido produciendo violaciones por parte del gobierno a la doctrina democrática contenida en dicha Carta; pero en cuanto al contenido sustantivo de las decisiones políticas plasmadas el documento o proyecto de decreto que se me presentó, aprecié que eran, a su vez, contrarias a la Carta porque significaban una ruptura del orden constitucional.
Consideré que era inútil argumentar sobre ese asunto con los abogados que me habían mostrado el documento, pues apreciaba que no habían sido ellos los que habían concebido las decisiones políticas que contenía y que se presentaban sólo como portadores de una decisión supuestamente tomada por otros, que no tenían posibilidad de cambiar o de formular propuestas alternativas .
Por lo tanto, decidí tratar de hablar con Pedro Carmona, quien era la persona que había solicitado mi opinión jurídica.
Terminada la reunión con los abogados señalados y mientras buscaba hablar con Carmona, en los pasillos del piso en el cual me encontraba, se insistía en la renuncia del Presidente de la República, lo que oí por boca de diversos oficiales de la Fuerza Armada Nacional que se encontraban en el lugar, a quienes no conocía personalmente. Alguno, cuyo nombre y grado desconozco, me preguntó sobre la forma jurídica de una renuncia, señalándole que en el caso del Presidente de la República estaba prevista en el artículo 233 de la Constitución, que debía revestir la forma de Decreto por exigirlo así la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y que ello implicaba que el Vicepresidente Ejecutivo se encargaba de la Presidencia de la República .
Estando en los pasillos del piso de las oficinas en las cuales me encontraba, alguien llamó la atención sobre la aparición del General Lucas Rincón a través de un televisor que se encontraba en el lugar. Oí y vi la alocución al país y al mundo entero del General Lucas Rincón, Jefe del Alto Mando Militar, rodeado de otros oficiales, en la cual anunció que se le había pedido la renuncia al Presidente de la República, que éste la había aceptado y que los miembros del Alto Mando Militar también ponían sus cargos a la orden o que igualmente estaban renunciando, y que entregarían sus cargos a los oficiales que designaran unas nuevas autoridades.
Ante tal anuncio consideré, y así lo expresé a quienes me lo preguntaron, que jurídicamente el país se encontraba en una situación de crisis de gobierno, pues el Jefe del Alto Mando Militar, al anunciar la renuncia del Presidente de la República, había omitido toda alusión a la Constitución y a la eventual asunción temporal de la Presidencia de la República por el Vicepresidente Ejecutivo. Más bien anunciaba que habría nuevas autoridades, y la propia renuncia del Alto Mando Militar. Por tanto, la renuncia del Presidente de la República fue comunicada al país como un hecho público y notorio, y así indubitadamente lo entendió el país. A quien me lo preguntó señalé que el anuncio significaba, jurídicamente hablando, que en el país había una crisis de gobierno, por carencia de titulares del Poder Ejecutivo, pues nada se indicó sobre quién ejercía la jefatura del Ejecutivo y más bien se anunció que habría unas «nuevas autoridades».
Ya al fin de la madrugada, insistí en hablar con Pedro Carmona para expresarle mi criterio jurídico sobre el punto para el cual había requerido mi presencia, y a tal efecto entré en un Salón donde se encontraba, circundado de muchísimos oficiales. Allí me enteré que se acababa de anunciar públicamente, en un acto que no presencié, que Carmona se encargaría transitoriamente de la Presidencia de la República. No estuve presente en reunión alguna en esas horas en las cuales se hubiera tomado la decisión de encargar a Carmona del gobierno. Para mí es inexplicable que Carmona no haya hecho un esfuerzo por oír la opinión que me había requerido lo que atribuyo a la situación general de crisis y confusión de esas horas de la madrugada. Lamentablemente, no tuve ocasión ni oportunidad, por la cantidad de oficiales y personas que lo rodeaban, de hablar personalmente y a solas con Pedro Carmona para formularle mis comentarios sobre el documento sobre el cual versaba la consulta que el mismo Carmona me había solicitado.
Se comenzaba a ir la gente del Fuerte Tiuna y mi preocupación era que yo no tenía medio de transporte para salir de allí, lo que incluso, había impedido que me retirara previamente, al acrecentarse mis apreciaciones contrarias a lo que vislumbraba podía ocurrir constitucionalmente. Involuntariamente, había quedado atrapado en Fuerte Tiuna. En medio de la confusión reinante, le exigí a un asistente de Pedro Carmona que me solucionara el problema de mi traslado y me ubicó en una camioneta donde había 8 personas, incluido el mismo Pedro Carmona, a quien dejaron primero en su casa, razón por la cual no me fue posible hablar con él.
Llegué a mi casa despuntando el alba, e hice un esfuerzo para reconstruir los acontecimientos de la madrugada y las materias sobre las que se me había solicitado opinión. Mi primera conclusión estuvo orientada hacia los postulados de la Carta Democrática Interamericana, algunos de los cuales referidos a los elementos esenciales de la democracia, habían quedado plasmados en los Considerandos del proyecto de decreto. Sin embargo, al observarlo en conjunto no cabía duda alguna de que dichos postulados resultaban contradichos con la parte sustantiva de aquel documento, que violaba el principio de la democracia representativa al pretender suspender el funcionamiento del Parlamento, con una serie de secuelas inconstitucionales. Consideré mi deber agotar todo esfuerzo para comunicar personalmente a Carmona mis conclusiones jurídicas sobre esto.
Fui entonces cerca del mediodía del 12-04-02 al Palacio de Miraflores para hablar con Pedro Carmona. En el desorden imperante fui informado que estaba reunido con muchas personas que habían ido al Palacio. De nuevo sólo pude entrevistarme con los mismos abogados a quienes había visto en la madrugada de ese día, quienes se encontraban instalados en la oficina que tradicionalmente correspondía al Ministerio de la Secretaría. En un momento se hizo presente un diputado de la Asamblea Nacional de un partido de oposición. Le di mi opinión sobre lo improcedente que era que se suspendiera el funcionamiento de la Asamblea Nacional y sobre las reacciones nacionales e internacionales que se producirían si ello ocurría por lesionar el principio de la democracia representativa. Le inquirí, además, sobre si se había consultado con los partidos políticos, con la CTV y con los otros grupos de la sociedad civil. Le observé, además, que el mismo Luis Miquilena en su intervención televisada la noche anterior, había vislumbrado la posibilidad de que la Asamblea Nacional pudiera comenzar a funcionar autónomamente lo que podía facilitar una transición democrática. Se me informó que a principios de la tarde se tenía programado realizar una reunión con los dirigentes políticos del país; pero, de nuevo, percibí que se trataba de decisiones políticas ya adoptadas irreversiblemente. Ignoro por quién o quiénes .
Al poco tiempo, alrededor de la 1 p.m. de ese día 12 de abril de 2002 y ante la imposibilidad de expresarle mi opinión personalmente a Carmona, me retiré del Palacio de Miraflores con una sensación de frustración. No volví al Palacio ni estuve, por tanto, en el acto de proclamación del llamado gobierno de transición, ni avalé con mi firma tal acto; y al salir de allí, más bien me enteré de los atropellos a parlamentarios y funcionarios que se estaban produciendo, lo que condené sin reservas y manifesté mi respaldo a los esfuerzos iniciados por algunos abogados vinculados a la protección de los derechos humanos por defender los derechos de los atropellados.
En horas de la tarde del día 12 de abril, antes de que se produjera el acto de proclamación del llamado gobierno de transición, recibí en mi casa una llamada telefónica de Pedro Carmona , quien finalmente me solicitó de manera directa le expresara la opinión jurídica que me había solicitado, particularmente sobre el tema de la suspensión de la Asamblea Nacional. Le expresé mi criterio contrario y las reservas que, como profesional y ciudadano, tenía. Particularmente le advertí sobre las repercusiones que ello tendría, precisamente a la luz de la Carta Democrática Interamericana, pero que, en todo caso, eso en definitiva era una decisión política. Quedé esperanzado en que tomaría en cuenta mis advertencias y comentarios, pero lamentablemente no fue así .
Mi criterio adverso a las decisiones políticas que se adoptaron, particularmente la disolución de la Asamblea Nacional, incluso se lo expresé al periodista Edgar López del diario El Nacional, esa misma noche después de haber visto por televisión el acto de proclamación del gobierno de transición, como él mismo lo expresó en una nota que publicó dicho diario días después .
A partir de ese momento, durante la noche del 12-04-02 y al día siguiente, sábado 13 de abril de 2002, dentro del estricto margen del que en la realidad disponía, me esforcé en contribuir con el restablecimiento del orden constitucional, en que se modificara el decreto mencionado y, en particular, en cuanto al restablecimiento de la Asamblea Nacional.
En relación con los hechos del día 12-04-02, por tanto, fui consultado estrictamente como abogado, especialista en derecho público. Manifesté mis opiniones y como en definitiva no fueron aceptadas, me retiré de considerar el asunto que se había sometido a mi análisis. El Código de Ética Profesional de la Abogacía nos garantiza a los abogados el derecho de no aceptar «un asunto en que tuviere que sostener principios contrarios a sus convicciones personales, incluso políticas» y a «no intervenir en un asunto sino cuando tenga libertad para actuar» (Art. 13); incluso, dicho Código nos da el derecho a los abogados de rechazar «los asuntos sin exponer las razones que tuviere para ello» (art. 13).
Mi posición quedó evidenciada con mi retiro del Palacio de Miraflores pasado el mediodía del 12-04-02, y con el hecho mismo de que no estuve en el Palacio de Miraflores durante el acto de instalación del llamado «gobierno transitorio», ni en el día posterior, ni avalé con mi firma ni con mi presencia su constitución. Lamentablemente, durante la madrugada y la mañana del día 12-04-02, no tuve oportunidad de hablar personalmente y a solas con Pedro Carmona, quien fue la persona que me hizo llamar para requerir mi opinión jurídica; aún cuando si pude expresarle mi criterio adverso a las decisiones que se tenía programado adoptar, por teléfono, antes de que se constituyera el llamado gobierno de transición.
En todo caso, no estuve presente en reunión alguna en la cual estuviese Pedro Carmona junto con oficiales activos o retirados de la Fuerza Armada Nacional u otros civiles, ni antes ni durante el transcurso del día 12-04-02, en la cual se hubiese discutido documento alguno o las decisiones políticas que se adoptaron. Ignoro incluso, si esas reuniones tuvieron lugar. Tampoco he frecuentado Fuerte Tiuna, ni identifico sus instalaciones. No he tenido, al menos durante los últimos quince años, trato alguno con oficiales activos de la Fuerza Armada. Nunca he estado presente en reunión alguna en la cual se hubiera tratado aspectos de la situación política del país donde hubieran estado presentes oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional ni oficiales que hubieran pasado a retiro en fecha reciente.
En definitiva, sólo pude expresarle directamente mi parecer a Pedro Carmona por vía telefónica poco antes de que se leyera el decreto de proclamación del llamado gobierno de transición, advirtiéndole que la disolución o suspensión de la Asamblea Nacional carecía de fundamento jurídico y era contraria a los principios contenidos en la Carta Democrática Interamericana, por lo que, además, provocaría reacciones internacionales contra Venezuela y el llamado «gobierno de transición» que estaba planteado bajo su presidencia.
En todo caso, fue Pedro Carmona quien me solicitó en la madrugada del 12-04-02 mi criterio profesional como abogado, y era a él a quien debía dar mi apreciación definitiva sobre el asunto. No se atendió a mi recomendación jurídica y conforme al derecho que nos garantiza a los abogados el Código de Ética Profesional, me retiré del asunto, sin haber tenido nada que ver con la toma de la decisión que pretendió poner en vigor el nuevo orden político e instalar el llamado gobierno de transición; ni con sus orígenes, ni con su desarrollo ni con sus consecuencias.
III
El Dr. Alberto Arteaga Sánchez, Profesor de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, destacadísimo especialista en la materia y quien fue Director del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, emitió con fecha 26 de julio de 2002 la siguiente:
Opinión jurídica sobre la actuación del Dr. Allan R. Brewer-Carías con motivo de los sucesos de Abril de 2002:
«Como es verificable, el Dr. Brewer-Carías llegó a Venezuela, de regreso de compromisos internacionales, el día 8 de Abril de 2002 y su relación con los acontecimientos, se limitó a emitir su opinión profesional sobre materias de su competencia, sobre un documento o proyecto de decreto de un sedicente Gobierno de transición».
«Esta actuación es absolutamente legítima y ajustada a la ley. En ella no pueden identificarse elementos objetivos ni subjetivos de autoría o participación en una rebelión o conspiración, que no existió en la realidad y que, si se hubiese dado o alguna autoridad pudiese llegar a considerar que tuvo lugar, tampoco pueden identificarse tales elementos; y sus opiniones sobre el asunto que le fue planteado, constituyen la expresión legítima del ejercicio de un derecho y, específicamente, del ejercicio de la profesión de abogado y consultor en materia de Derecho Público, especialidad que ostenta el Dr. Brewer-Carías».
«Resulta absurda la simple pretensión de sancionar a quien emite un dictamen o expresa una opinión jurídica, actuación conforme a derecho, de la cual no puede derivar ninguna consecuencia penal y que, sencillamente, es ajena totalmente a las conductas descritas en los tipos aludidos del Código Penal que antes han sido mencionados».
«La autoría en materia penal o la coautoría, demanda la adecuación a la conducta descrita en la ley, que no es otra que la realización de actos de rebelión o alzamiento violento contra el Gobierno, o la conspiración con el fin de cambiar violentamente la Constitución; y la participación, a cualquier título, como cooperador, cómplice o auxiliador, exige, no solo la contribución material al hecho incriminado, sino la convergencia en la culpabilidad, por lo cual resulta imprescindible que quede acreditado que el partícipe tenía conciencia de lo que se proponía el autor o los coautores y dirigió su voluntad hacia el hecho objeto del conocimiento».
«En el presente caso, no me cabe la menor duda de que no se da elemento alguno que pueda ser calificado como de típico, ilícito o reprochable, por lo que respecta a la conducta del Dr. Allan R. Brewer-Carías, en relación a los sucesos del 11-A y antes o después de esos hechos; y no ha sido desvirtuada, en forma alguna, su versión, confirmada por su retiro de Miraflores, antes de la lectura del cuestionado decreto del sedicente Gobierno de transición, ante su manifiesta opinión contraria al contenido del documento, a la luz de exigencias constitucionales y de la Carta Democrática Interamericana».
«El Dr. Allan R. Brewer-Carías, por lo tanto, simplemente se limitó a una actuación estrictamente profesional, de la cual, como lo expresé antes, no pueda derivarse consecuencia alguna de naturaleza penal que pueda ser utilizada para su pretendida incriminación, no configurándose la exigencia fundamental de elementos inequívocos de tipicidad en su comportamiento y ajustándose su conducta a sus derechos y deberes como abogado, de cuyo ejercicio legítimo no puede inferirse ninguna consecuencia ilícita generadora de responsabilidad, según el aforismo, «qui iure suo utitur neminem laedit».
El texto de esta opinión del Dr. Arteaga, también fue publicada en la nota 76 de mi mencionado libro La Crisis de la democracia Venezolana. La Carta democrática Interamericana y los sucesos de abril de 2002, Ediciones Los Libros de El Nacional, Editorial CEC, S.A., Caracas 2002, pp. 119-120).
Muy atentamente,
Allan R. Brewer-Carías