No hay castigo para un 80% de los delitos comunes, lo cual nos ha hecho a todos esclavos del miedo, fugitivos del país, propensos al sedentarismo, vivimos entre los colores el rojo de la sangre y del comunismo gubernamental y el negro del luto por los homicidios. No hay control de los delincuentes presos y mucho menos de los delincuentes libres.
A pesar de haber generado en nuestro país mucha delincuencia autónoma, a medida que se propaga en el mundo la existencia de la impunidad en el territorio nacional, nos convierte un paraíso para la delincuencia extranjera y especialmente la de los países que han arrinconado a los delincuentes comunes y guerrilleros, como Colombia.
El narcotráfico internacional se aloja en nuestro país, haciendo de las barriadas campos de batallas, se alcanza el record de 150.000,00 asesinatos en 12 años, más 130.000,00 impunes. El secuestro, delito rural y escaso se incentiva en los campos y se introduce en todas las ciudades. Huyen los productores del país y los jóvenes sobrevivientes se van, otros se arruinan por los pagos de rescate; muchos son asesinados. La profesión de Policía se transforma en la de mayor riesgo. Discursos presidenciales estimulan el irrespeto por la propiedad y proliferan las organizaciones de invasiones rurales y urbanos.
Se invaden construcciones de todo tipo: Edificios, casas, galpones y siguen invadiendo terrenos urbanos. En los campos, no hay quien detenga el abigeato del ganado, las invasiones de terrenos baldíos y cultivos, las revoluciones proclamadas siempre destruyen las zonas desarrolladlas y cultivadas.
La mayoría de las invasiones son posteriormente legalizadas por el instituto Nacional de Tierras, se genera el abandono y saqueo de las fincas en producción, consecuencia inmediata del desarrollo de una economía de puertos y de importación de alimentos y derivados. Los poderes anémicos y mal intencionados, no reprimen ni previenen las invasiones y otros delitos.
La Fiscalía no imputa a casi ningún invasor y los tribunales penales en casos aislados, ordenan el desalojo pero no condena a nadie. A la Guardia Nacional se le quito la competencia preventiva y sumariadora de los casos de invasión. Se desarma a las Policías Municipales de todo el país, mientras la delincuencia cuenta con los mejores equipos de guerra. La peor consecuencia es el abandono y el poco interés de los inversionistas nacionales y extranjeras. Se afectan las industrias proveedor de materiales de construcción, con expropiaciones, revocatorias de permisos y confiscaciones. En ese caso nadie asume el riesgo de construir a menos que el Gobierno y su Banca lo financien y asuman todos los riesgos. Esto propicia la corrupción y se desentiva la construcción. Las paralizaciones de construcciones, producida por la sobrevenida prohibición de cobrar el ajuste por inflación favorecen las invasiones de terrenos y construcciones inhabitables o casi habitables.
La congelación por casi 9 años de todos los alquileres de viviendas en decretos semestrales y consecutivos, la paralización de la Comisión de Servicios del Tribunal Supremo de todas las ejecuciones y desalojos de juicios relacionados con viviendas y un decreto presidencial que paraliza todos los desalojos de viviendas, casi paraliza el giro de los inmuebles en alquiler temporal y definitivo, lo cual produce los efectos relacionados con el delito de inflación, muchas viviendas permanecen desocupadas y otras han sido objeto de apropiación indebida por parte de sus legales ocupantes, otras son ocupadas por bandas organizadas que trafican con primas y traspasos también ilegales, apoyados por juntas comunales irresponsables y organizaciones civiles armadas o no. Se desacatan órdenes judiciales, la Fiscalía recibe denuncias y no las procesa, guerra entre ellos por los valiosos bienes inmobiliarios, heridos, muertos, sicariatos, anarquía, bochinche, inseguridad, todo sumido en una lamentable Anarquía Nacional.
Raimundo Orta Poleo
Abogado
Vicepresidente de APIUR