Alberto Arteaga Sánchez
Hemos retrocedido a etapas que creíamos superadas del viejo régimen inquisitivo
A 10 años de la Constitución y del COPP, instrumentos que consagran las garantías judiciales, esto es el debido proceso, el panorama no es de celebración, sino de triste conmemoración y recordatorio de textos amarillentos, permanentemente violados, en forma tal que puede decirse que, en lugar de avanzar, hemos retrocedido a etapas que creíamos superadas del viejo régimen inquisitivo, instaurada de nuevo la práctica vieja y nefasta de utilizar el enjuiciamiento penal como sanción, centrado en la privación de libertad que se aplica como pena anticipada.
La «justicia penal» de este nuevo siglo se ha convertido en el instrumento por excelencia para perseguir y encarcelar a los adversarios políticos.
Mientras no respetemos el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, a un proceso sin dilaciones indebidas y a la aplicación de penas que no impliquen tratos crueles e infamantes, no podemos hablar en Venezuela de respeto a los Derechos Humanos.
Menos aún podemos hablar de Estado de Derecho si el Poder Judicial es un simple mandatario del Ejecutivo, que se limita a cumplir su voluntad, so pena de ser degradado, sometido al escarnio público, resultando los responsables de las decisiones no gratas al Gobierno simplemente «presos» por órdenes superiores y con la pena máxima anunciada.
Venezuela no ha entendido el papel de la justicia en un sistema democrático y quienes la administran en nombre de la República, sencillamente, resultan burlados. Y ello ha ocurrido antes y ahora, aunque la diferencia está en que antes había un grupo importante de jueces que se hacían respetar y ahora, el que no se ajuste a lo mandado resulta literalmente «condenado».
Algunos que reconocen esta situación, alimentan la esperanza de que habrá justicia, pero, ¿cómo la tendremos, si no la hemos practicado?
En Venezuela, ha habido venganza contra el enemigo derrotado, pero nunca justicia. Siempre, a la caída de un régimen, se han expuesto en la plaza pública algunas cabezas que sirven para aplacar a la multitud y ahora, ante los ataques del adversario, se sacan a relucir armas intimidatorias de «prisiones por encargo» o de «exilios forzados».
El daño a la democracia de un poder judicial sumiso y obediente a los dictados del Gobierno tiene dimensiones difíciles de valorar.
Es triste la posición de un juez que no juzga, sino que acata órdenes del Gobierno o está presto a no contrariar la voluntad del poderoso.
Son los jueces y juristas del horror, capaces de dar sustento a las peores injusticias y abusos de quien tiene el poder.
En un momento dado, ante el clamor de un pueblo que pide justicia y no venganza, los jueces harán sentir su voz. Habrá muchos héroes anónimos que encarnarán el reclamo de quienes aspiran a que los conflictos y agravios encuentren eco en el corazón y en la voluntad de quienes tienen la misión de juzgar y no de hipotecar su conciencia a los poderosos del momento.
¡Feliz Navidad, en particular a los presos políticos, a los perseguidos por disentir& y fuerza para seguir luchando por la libertad¡
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