Producto de las reuniones de los viernes en la vicepresidencia de la república a la cual asistían obedientemente la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscal General, la Procuradora, la Contralora, jefes de cuerpos policiales, se produjo una incontable cantidad de decisiones sobre la vida, la libertad, las propiedades, los derechos humanos de venezolanos. Así lo ha revelado quien hasta hace poco fue Fiscal General Militar y Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Suprema de Justicia.
Aponte Aponte a menudo dictaba medidas de “Avocamiento” que es el procedimiento legal según el cual el máximo tribunal del país puede quitarle un expediente a cualquier tribunal de inferior categoría y asumir su conducción.
Este instrumento procesal hace tiempo ha sido prostituido.
A cada rato las distintas Salas del TSJ le quitan expedientes tribunales para asentar abusos, a menudo se hace con los juicios penales y Aponte batió records en esto. Él, por sí solo arrebataba expedientes en nombre de la Sala y anulaba decisiones cambiándolas por otras según órdenes que recibía y/o de acuerdo a dineros que cobraba según el caso. Después los otros magistrados firmaban y convalidaban.
De esos abusos quien casi siempre se abstenía eran los magistrados Blanca Rosa Mármol de León y algunas veces Héctor Coronado Flores.
Esas decisiones abusivas que en oportunidades eran protestadas iban a parar a recursos de revisión que siempre resultaban convalidadas en Sala Constitucional donde la comadre Luisa Estela Morales hacía lo suyo.
Aquí hace tiempo que no tiene ningún sentido estar ejerciendo recursos contra actos abusivos del gobierno o de sus capitostes ante ninguna de las Sala del TSJ porque indefectiblemente allí se convalidan y se cubren de un manto de legalidad formal.
Hoy la Mesa de la Unidad Democrática aparece en la prensa denunciando al Poder Judicial y anuncian que llevarán eso a la ONU y a la OEA “No tiene sentido acudir a la Fiscalía General o al TSJ porque sus titulares participan en las reuniones de los viernes que denunció Aponte Aponte” -declaró Ramón José Medina- quien agregó que “Debería producirse una revisión de todas las sentencias de Aponte Aponte. Allí hubo injerencia del gobierno de judicializar la política. Recordemos el caso de la jueza Afiuni, presa por actuar ajustada a derecho. Ese es un caso grotesco.”
Nada mas acertado.
Ayer intercambiaba criterios con el excelente penalista Dr. José Luís Tamayo sobre el tema. El está calibrando la viabilidad de plantear un recurso de revisión en base a norma que establece lo siguiente:
“Cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces que la hayan dictado, cuya existencia sea declarada por sentencia firme.”
Mi consejo, a Tamayo y a quien lo quiera oír: No vale la pena ejercer ningún recurso contra abusos gubernamentales, infaltablemente sentencian que eso está bien hecho y lo cubren con otro manto de legalidad.
Quienes cometen abusos en ejercicio del poder en algún momento responderán.
Todo acto abusivo será anulado cuando llegue el momento.
Toda responsabilidad por meter a la cárcel a gente inocente será establecida.
Todo atropello a la propiedad será objeto de revisión.
Pero no con estas autoridades corruptas y además ignorantes.
Nada es eterno en el mundo como dice la canción.
El horror que han cometido contra los comisarios y policías del 11 de abril, contra Mazuco, contra la valiente jueza Afiuni, el crimen contra Franklin Brito de responsabilidad personal y directo de Luisa Ortega Díaz, el asesinato que hizo Luisa Estela Morales contra la dignísima juez Carmen Teresa Arocha, juez titular por 20 años, que murió de dolor al recibir una carta de despido sin procedimiento previo por haber emitido una libertad condicional a un procesado que la merecía y que contaba con numerosos informes médicos
…todo eso será juzgado.
Ellas y ellos pagarán por sus crímenes, pagarán por el dolor, las lágrimas y la sangre que empapa al territorio venezolano en esa impúdica orgía que dura ya mas de 13 años de corrupción y maldad en la que se revuelcan arropados en cobijas rojas.
Ciertamente hay que estudiar con detenimiento las causales para presentar un caso de genocidio ante el Tribunal Penal Internacional, ya que ese término no solo es aplicable al asesinato físico sino a la «eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, etnia, religión, de política o de nacionalidad.»
Y en la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidios e establece:
«…Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial…»
Aquí ha habido intención declarada de destruir a la disidencia política («los vamos a borrar del mapa» Chavez dixit.) La fatídica lista Tascón aún usada intensamente, etc, etc, etc. Se han producido matanzas como el del hijo de los Castillo y otros, lesión grave a la integridad física y mental de cientos de personas por razones de persecución política. las confesiones de Aponte de usar la justicia como medio de represión política y de protección al delito del narcotráfico que es contra la humanidad…
Es cosa de compilar estos casos, documentar un expediente y de una vez por todas articular una acción con respaldo nacional ante la Corte Penal Internacional explicando fundadamente la imposibilidad de obtener justicia en Venezuela por la eliminación de hecho de la justicia imparcial e independiente, que ese es el camino, no otro.!
Fuente: http://www.twitlonger.com/show/h40g6j
@carlosramirezl3
WhatsApp
Telegram