Por Allan R. Brewer-Carías
Profesor de la Universidad Central de Venezuela
Adjunct Professor of Law, Columbia Law School
Texto tomado del libro de Allan R. Brewer-Carías,
Historia Constitucional de Venezuela
Extracto:
En medio de la crisis del régimen democrático en el país, evidenciado por la situación en la cual se encontraba su funcionamiento tal como se ha resumido anteriormente, se produjo la renuncia del Presidente de la República a su cargo, originándose una falta absoluta en el mismo la cual, sin embargo, no pudo ser cubierta por el Vice Presidente, como lo establecía el artículo 233 de la Constitución, lo que originó una situación constitucional inédita de ausencia de titulares del Poder Ejecutivo1.
En efecto, en la madrugada del 12 de abril de 2002, el Alto Mando Militar del Presidente Hugo Chávez anunció públicamente al país que se le había pedido la renuncia al Presidente de la República y que éste la había aceptado.
Ello fue, sin duda, una secuela de la crisis política de la democracia que se había agravado entre 1999 y 2002; habiendo tenido entre sus causas inmediatas, la directa ingerencia política que el Ejecutivo Nacional había desplegado por primera vez desde 1975, en el manejo gerencial de la industria petrolera nacionalizada.
Dicha industria, desde su creación, había estado tradicionalmente fuera del botín funcionarial que había caracterizado históricamente en general a la Administración Pública2, sobre lo cual había un pacto político tácito para preservarla.
Sin embargo, en los primeros meses de 2002, la industria estatal comenzó a sentirse amenazada de politización, originándose un conflicto que involucró a la Alta Gerencia de la empresa petrolera estatal y se extendió por un largo período de seis semanas, con paros que, incluso, afectaron la producción y el suministro de petróleo, de la que en ese momento era la principal y más importante industria de Venezuela e, incluso, de toda América Latina3.
El conflicto desembocó rápidamente la decisión que al día siguiente adoptó la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), de convocar a un Paro Nacional por 24 horas, prorrogable, para el día martes 9 de abril de 2002, en apoyo a las peticiones de la industria petrolera.
Los presidentes de ambas instituciones, Carlos Ortega y Pedro Carmona, respectivamente, anunciaron dicha convocatoria, la cual fue respaldada por diversas organizaciones y asociaciones no gubernamentales representativas de sectores de la sociedad, y por los partidos políticos de oposición.
Luego de la posposición de la designación de la nueva Junta Directiva, el 25–02–02, un grupo de altos gerentes publicaron un remitido rechazando la politización de PDVSA.
Paralelamente, sin embargo, apareció publicado en la Gaceta Oficial la designación de los nuevos miembros de la Junta, para lo cual no se respetaron los criterios que por convención no escrita habían privado durante 27 años para reconocer los méritos en el ascenso de los altos gerentes.
En Asamblea Pública sin precedentes, los altos gerentes de la industria rechazaron tales nombramientos (El Universal, 27–02–02, p. 2–1; El Nacional, 27–02–02, p. E–1).
Días después, el personal (empleados) de la industria se encontraba protestando en la calle contra las violaciones a la meritocracia en la industria (El Nacional, 01–03–02, p. E–1; 05–03–02, p. E–1).
La Procuraduría General de la República calificó de ilegal dicha protesta, iniciándose amenazas de despidos del personal gerencial (El Nacional, 09–03–02, p. E–1).
La amenaza de un paro petrolero por los empleados fue cuestionada por la Ministra del Trabajo (El Universal, 09–03–02, p. 2–1) y el Ministro del Interior y de Justicia advirtió que debían responder ante la Inspectoría del Trabajo por el abandono de sus cargos (El Universal, 11–03–02, p. 2–1).
El 11–03–02, el Presidente de la República anunciaba que impediría en toda forma que la industria petrolera se paralizara, pero a la vez en la industria se iniciaba una «operación morrocoy» en algunas instalaciones (El Nacional, 12–03–02, p. E–1; El Universal, 12–03–02, p. 2–1).
La Ministra del Trabajo calificó el conflicto como abandono del trabajo (El Nacional, 12–04–02, p. E–1).
La respuesta a ello fue la lentitud en la operación de un despacho de petróleo a una embarcación fletada por Cuba (El Nacional, 13–03–02, p. E–1).
Paralelamente el llamado «Comando Político de la Revolución» consideraba la idea de la militarizar a PDVSA (El Nacional, 13–03–02, p. D–4), y la Procuraduría General de la República rechazaba la constitución de un Sindicato de Ejecutivos de la Industria (El Nacional, 15–03–02, p. E–1).
El Presidente de la República, ratificó públicamente a la directiva cuestionada de PDVSA, y amenazó con militarizar la industria, cuestionando a la alta gerencia (El Nacional, 18.–03–02, p. D–2).
Las protestas se generalizaron, y el 20 de marzo hubo una inasistencia masiva en la industria (El Nacional, 21–03–02, p. E–1; El Nacional, 22–03–02, p. E–1).
El conflicto se había generalizado y para el 25 de marzo ya había reuniones entre la alta gerencia de la industria y representantes de las ONG de la sociedad civil para apoyar sus reclamos (El Nacional, 26–03–02, p. D–1).
Para comienzos de abril el conflicto estaba totalmente declarado (El Nacional, 02–04–02, p. 1–2; El Nacional 04–02–02, p. E–1), iniciándose un proceso de paro petrolero (El Universal, 05–04–02, p. 1–2) que llegó a paralizar totalmente algunas refinerías (El Nacional, 06–04–02, p. E–1) y a situaciones conflictivas de calle en diversas instalaciones petroleras, anunciándose la creación de un sindicato de la nómina mayor de la industria (El Universal, 06–04–02, p. 1–2).
El conflicto petrolero, además, había originado demoras en los embarques (El Universal, 11–04–02, p. 2–1) y en la operación de refinerías (El Nacional, 10–04–02, p. E–4).
La movilización general del país había sido motivada por el conflicto de PDVSA, y uno de los pedimentos fundamentales había sido la renuncia de la directiva nombrada por el Presidente de la República, sin respetarse los criterios de mérito en la industria.
El General Luis Camacho Kairuz, Viceministro de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior, en la interpelación que le hizo la Comisión Parlamentaria Especial de la Asamblea Nacional para investigar los sucesos de 2002, se refirió a la recomendación que se le había formulado al gobierno de que se solicitase la renuncia a la Junta Directiva de PDVSA.
Véase en el libro de Albor Rodríguez (ed), Verdades, Mentiras y Videos.
Lo más relevante de las interpelaciones en la Asamblea Nacional sobre los sucesos de abril, Libros El Nacional, Caracas 2002, p. 63.
La Junta Directiva, como lo informó el Presidente de la República el 15 de abril de 2002, efectivamente llegó a renunciar el día 11–04–02, pero el Presidente no lo anunció al país y prefirió la confrontación total.
El Vicepresidente de la República, incluso, declaró en cadena oficial, que: «Si tenemos que responder cada cinco minutos con una cadena (de radio y televisión) en aras de que la información veraz sea transmitida a todos los venezolanos, lo vamos a hacer»7.
El mismo día martes 9 de abril de 2002, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestando preocupación por la utilización abusiva de las cadenas oficiales en las programaciones televisivas, partiendo del hecho de que «en los últimos dos días el gobierno ha hecho uso de las cadenas nacionales en más de 30 oportunidades con una duración de 15 a 20 minutos cada una» y concluyendo con la apreciación de que «el uso abusivo» de las mismas: «Viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos referido al ejercicio de la libertad de expresión y contradice lo establecido en la Declaración de Principios sobre la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana en Derechos Humanos»8.
Se trataba de la primera manifestación, en esa semana de abril, de desobediencia de un alto oficial activo de la Fuerza Armada en contra de supuestas órdenes presidenciales.
la cita de esta declaración en la sentencia de la Sala Plena Accidental del Tribunal Supremo de Justicia de 14–08–02 (Caso: Antejuicio de mérito a Oficiales de la Fuerza Armada Nacional).
La Fiscalía, el Poder Judicial y creo que hay posibilidad de que la Asamblea Nacional empiece a funcionar».
De lo anterior se evidencia que con tal pronunciamiento no se desconoció al gobierno del Presiidente de la República, porque lo que desconoció fue la orden dictada por el Presidente de la República de aplicar el Plan Avila porque resultaba contrario a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía y ello significaría una masacre, así como repudió junto con los otros Altos Oficiales, el genocidio perpetrado por los círculos oficialistas contra la sociedad civil indefensa.
Posteriormente, oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana se comprometieron a no reprimir al pueblo con las armas de la República, solicitando la búsqueda de conciliación y el diálogo.
Además, en la madrugada del día 12 de abril se pronunció la Armada en un comunicado en el cual respaldaban las declaraciones de los demás componentes de la Fuerza Armada»33.
Adicionalmente, entre las manifestaciones de altos oficiales, se destaca la efectuada también por televisión, por el General Francisco Uzón, Ministro de Finanzas del Gobierno, anunciando su renuncia «para facilitar el desenvolvimiento del nuevo gobierno» con lo que el propio Ministro de Finanzas del gobierno del Presidente Chávez, reconocía que habría un nuevo gobierno.
En relación con el Presidente de la República señaló que había hablado con él: «Para que se retire de la Presidencia sin ningún tipo de contratiempos.
Le hablé como un amigo de muchos años, a los fines que su salida se haga sin traumas y sin sangre.
General Lucas Rincón anunciando la renuncia del Presidente de la República, el Almirante Vicente Quevedo (Inspector General de la Armada) se pronunció lamentando profundamente los hechos violentos y trágicos acaecidos ese día y se sumó al profundo sentimiento de tristeza que embarga al pueblo venezolano, respaldó las declaraciones de los demás componentes y su apoyo a la sociedad civil.
Si bien la sentencia de la Sala Plena fue luego anulada por el propio Tribunal Supremo por razones formales, su razonamiento jurídico es esclarecedor sobre los efectos jurídicos de la renuncia del Presidente.
34 El general Usón luego sería condenado penalmente por ofender a las Fuerzas Armadas, en violación de todos sus derechos constitucionales.
Ese era el cúmulo de informaciones oficiales emitidas por televisión, de lo que estaba ocurriendo en el gobierno y las cuales, por tanto, eran de conocimiento público de todos los ciudadanos en Venezuela y en el resto del mundo.
General en Jefe, Lucas Rincón, Inspector General de la Fuerza Armada Nacional: «Eran pronunciamientos en contra pues del Presidente y del gobierno, incluso, algunos conocidos por todos nosotros, desconociendo la autoridad del señor Presidente y desconociendo también la autoridad del comandante natural, el comandante del componente, el comandante de la Fuerza».
En todo caso, en relación con todos los pronunciamientos militares antes mencionados y al analizar en especial el efectuado por la Armada, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena Accidental, en la citada sentencia del 14 de agosto de 2002, (Caso: Antejuicio de mérito a oficiales de la Fuerza Armada Nacional), señaló lo siguiente: «Al analizar esta alocución es forzoso concluir que los hechos producidos en la ciudad Capital durante la tarde del 11 de abril de 2002, fueron efectivamente violentos y trágicos como indicó el Almirante Quevedo y tuvieron la magnitud suficiente para que ese componente de la Fuerza Armada diera su respaldo a los otros componentes después de que se había anunciado la renuncia del Presidente.
Coincidió entonces la Armada con la naturaleza del móvil de los pronunciamientos de los imputados y eso refuerza la idea que ellos tuvieron de que procedían correctamente.
Por todo lo anterior no queda otro camino sino concluir en que tales eventos fueron de tal gravedad que pudieron justificar la conducta de los imputados al creer lícita su forma de proceder.
Subraya la Sala que ninguno de los pronunciamientos de los imputados fue puro y simple con la intención de impedir o dificultar el ejercicio del gobierno, sino que cada uno de ellos tuvo como causa los hechos de violencia que se estaban produciendo en el País como consecuencia de la citada marcha y la implementación del Plan Avila.
Esto significa, se reitera, que procedían convencidos de lo correcto y legítimo de su proceder, por cuanto su formación se oponía al acatamiento de una orden que consideraba reprochable y ello aleja la idea de malignidad».
El 11 de abril de 2002, sin duda, había una grave crisis política y militar en el país que tenía como común denominador el desconocimiento de la autoridad presidencial, y cuyo toque final lo dio en la madrugada del día viernes 12 de abril de 2002, a las 3:00 a.m., también en mensaje transmitido por televisión, el General en Jefe, Lucas Rincón, Inspector General de la Fuerza Armada y Jefe del Alto Mando Militar del Presidente H. Chávez, acompañado de otros integrantes de éste, al anunciar al país y al mundo lo siguiente: «Pueblo venezolano, muy buenos días, los miembros del Alto Mando Militar deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital el día de ayer.
Ante tales hechos se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia a su cargo, la cual aceptó.
Los miembros del Alto Mando Militar ponemos, a partir de este momento, nuestros cargos a la orden, los cuales entregaremos a los oficiales que sean designados por las nuevas autoridades»35.
Sobre este comunicado televisado, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena Accidental, en sentencia de 14 de agosto de 2002, fijó su criterio en los términos siguientes: «Tal comunicado, emanado del Alto Mando Militar, tiene que ser interpretado en el sentido de que ese Alto Mando Militar tampoco estaba de acuerdo con la implementación de las actividades denunciadas por los imputados y que además, también hacía responsable al Presidente de la República de tales circunstancias, al punto de que solicitó su renuncia.
En efecto, de no ser así sería incomprensible esa justificación para ello.
Además, el General en Jefe hace un llamado al pueblo a mantener la calma y, como es lógico, no se puede mantener lo que no existe, por lo cual es forzoso concluir que la alteración de la paz interior de la República, según lo expuesto por el Alto Mando Militar, o no se dio o no fue responsabilidad de los imputados».
cit., pp. 13 y 14 Ahora bien, el mismo General Lucas Rincón, en la interpelación parlamentaria que le hizo la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional para investigar los sucesos de abril, el 04–05–02, explicó la situación de la manera siguiente: «Entonces le manifesté: mire Presidente, yo me voy a permitir hacer un anuncio acerca de la solicitud que le está haciendo el personal de oficiales generales, almirantes insurgentes para evitar un enfrentamiento entre nosotros y un posible enfrentamiento entre la población y por supuesto, insisto en esto, evitar un derramamiento de sangre»36.
Posteriormente, ante una pregunta del Diputado Alfonso Marquina, dio la siguiente respuesta: «Cuando yo anuncié lo de la renuncia, porque esa era la información que yo tenía en ese momento, por supuesto que el Alto Mando y mi persona, el Alto Mando de ese entonces, pusimos el cargo a la orden ¿Por qué?
Porque es obvio que quien está siendo interpelado en el día de hoy, no iba a trabajar con un gobierno de facto»37.
Luego, ante una pregunta de la diputada Vestalia Araujo, dio la siguiente respuesta: «Cuando el Presidente me dice eso (que el Presidente había aceptado que estos señores le estaban solicitando la renuncia y que habían aceptado unas garantías y consideraciones que el Presidente exigía), yo le dije, bueno entonces nosotros también ponemos el cargo a la orden.
Bueno, de las nuevas autoridades que iban a existir, no se quienes iban a existir, pero al final aquí como que no hubo, no se pusieron de acuerdo».
El General Rincón, en esa misma interpelación, ante la pregunta de si consideraba «que la situación del país el 11 de abril era de una total ingobernabilidad» respondió: «En la medida que fueron sucediéndose los acontecimientos, pues la situación se fue poniendo bastante difícil, indiscutiblemente que es así, sobre todo ya en altas horas de la noche y comienzo de la madrugada».
Agregó, además, el General Rincón que no se pudo comunicar con el Vicepresidente Ejecutivo Diosdado Cabello.
El general Vásquez Velasco también declaró ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que intentó ponerse en contacto con el Vicepresidente Diosdado Cabello, y no lo localizó pues «él mismo ha dicho aquí que no estaba»38.
Todo lo anterior ocurría en Fuerte Tiuna, que era la sede del Alto Mando Militar y de la Comandancia del Ejército.
El General Rincón, en la interpelación que le hizo la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, diría que: «La situación no era fácil: cierre de alcabalas, cierre de la Avenida Los Ilustres, la Carlota tomada, informes de la Armada y el pronunciamiento de generales y almirantes…»
Dijo «Posteriormente a mi conversación, los oficiales golpistas negaron al Presidente las exigencias anteriormente aceptadas por ellos mismos, por lo tanto el señor Presidente no aceptó.
En efecto, desde el punto de vista constitucional, la renuncia de un Presidente de la República constituye una falta absoluta, y la misma, conforme al artículo 233 de la Constitución, la suple temporalmente el Vicepresidente Ejecutivo.
La Constitución de 1999 no regula una solución jurídica en los casos en los cuales se produce falta absoluta que involucre a la vez al Presidente y del Vicepresidente, en el sentido de que no establece quién asume, en ese caso, el Poder Ejecutivo.
Entonces le digo a William Lara: ‘Me gusta más abandono del cargo, porque tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional’.
Sólo en esas condiciones yo estoy dispuesto a irme’, y entonces Lucas me llama desde allá, y me pregunta: ‘Mire Presidennte, están esperando que usted responda, que firme el papel o cuál es su respuesta’.
He aceptado abandonar el cargo, pero si se cumplen las condiciones que estoy exigiendo.
¿Cuáles son?: el respeto a la vida y la integridad física y los derechos humanos de todos los que me acompañaron en este gobierno; de todos mis soldados y oficiales que aquí están leales conmigo y, en última instancia, la de mi familia y de mí mismo.
Puse la condición de que tiene que ser firmado con garantes, y empecé a llamar a la Iglesia, embajadores, etc.
Yo estaba dispuesto, ante la contundencia de los hechos que amenazaban con ser más graves y sangrientos, a abandonar el cargo, pero estaba agarrado a la Constitución.
Pero, por supuesto, yo jamás tuve la intención de renunciar a mi cargo por presiones.
Sólo pensé en abandonar el cargo, y en La Orchila, antenoche, también llegó una comisión en la que estaba el cardenal Ignacio Velasco.
Él es testigo excepcional de todo esto, así como un señor general, un general que es fiscal y un coronel que era del equipo.
Pusieron un avión allá en La Orchila y me dijeron, ‘Bueno, Presidente, aquí está la renuncia.
Estaban tratando de enderezar las cosas, yo no sabía lo que aquí estaba pasando en verdad, nada, estaba totalmente incomunicado, pues, y entonces yo digo: ‘Mira, cómo me vas a pedir que yo firme un decreto con fecha atrasada’, porque me llevaron un decreto como si yo fuera un niño con fecha de 11 de abril.
50 Por ello, sin duda, el Presidente de El Salvador, Sr. Flores, justificó el voto de confianza que dio al gobierno provisional señalando que «la información que nosotros teníamos es que el Presidente Chávez había renunciado.
Habiendo renunciado el Presidente Chávez había que darle un voto de confianza al nuevo».
Véase sobre el tema de la renuncia del Presidente Chávez y su repercusión en el ámbito interamericano, Humberto de la Calle, El día que Chávez renunció.
El golpe en la intimidad de la OEA, Ediciones B, Bogotá 2008.
Dije: ‘No, yo no voy a firmar esto’.
Sobre la supuesta confusión entre «renuncia» y «abandono del cargo» por parte del General Lucas Rincón que mencionó el Presidente Chávez el 15–04–02 al recuperar el ejercicio de la Presidencia52, el Coronel Rodríguez Salas, quien dijo haber elaborado el decreto de la renuncia del Presidente, y habérselo llevado y negociado con él, señaló: «El General Rincón no confundió abandono del cargo con renuncia, es que en ese momento era renuncia y no abandono lo que Chávez había aceptado.
Jamás se habló de abandono del cargo allí cuando Lucas entrega el mando».
El Coronel Rodríguez también indicó que fue el 13–04–02 cuando Chávez le propuso lo de abandono del cargo»53.
El General Néstor González, quien había sido uno de los generales que se había pronunciado públicamente contra la autoridad del Presidente de la República el 10–04–0254 en relación con esta versión de los hechos dada por el Presidente en la interpelación que le hizo la Comisión Especial de la Asamblea Nacional sobre los hechos de abril, el día 14–05–02, señaló lo siguiente, según lo reseñó la periodista Cenovia Casas: «González González también se refirió a la renuncia del primer mandatario y al vacío de poder que hubo por su decisión.
Señaló que Chávez se dirigió directa y voluntariamente a la Comandancia General del Ejército, donde manifestó como única condición que le garantizaran su seguridad física y le permitieran irse a Cuba en compañía de algunos miembros de su familia y colaboradores.
«Es importante entender que Chávez pretendía abandonar al país, a sus seguidores y dejar una estela de muertos que con sólo escuchar la recomendación del general de división Rosendo y de Rojas Pérez se hubiese evitado», explicó.
Afirmó que no es veraz la narración de los hechos que hizo el Presidente al pueblo venezolano y a la comunidad internacional: «Él nunca fue hecho preso por ningún profesional militar.
Se presentó directamente a la Comandancia General del Ejército, solicitó que lo dejarán irse a Cuba en repetidas oportunidades y pidió perdón por no haber podido cumplirle a todos los venezolanos.
Dijo que su salida aliviaría la crisis, con lo cual trató de dejar a la Nación envuelta en un caos y con decenas de muertos».
Según González González, esa fue su única condición y no que su salida se apegase a la Constitución, tal y como lo manifestó en el Parlamento Rincón Romero.
Ante los hechos de sangre ocurridos, el Alto Mando decidió dejarlo en el país por razones éticas y legales, y no políticas.
Expresó que Chávez quedó en custodia, a la orden la FAN, para que respondiera por los sucesos»55.
Un testigo de excepción de la posición del Presidente Chávez respecto de su renuncia, fue Monseñor Baltasar Porras, Presidente de la Conferencia Episcopal quien fue llamado por el propio 51 Véase en El Nacional, 18–04–02, p. D–1.
En la interpelación que la Comisión Especial de la Asamblea Nacional le hizo al General Néstor González González, este expresó lo siguiente: «El presidente Chávez no es veraz en cuanto a su narración de los hechos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional.
Trató así de dejar a la Nación envuelta en un caos y con decenas de muertos, esa fue su única condición, no que su salida se apegase a la Constitución, tal como él quiere hacer creer o como lo ha manifestado abiertamente el general Lucas Rincón Romero en esta misma sala; su objetivo era Cuba.
El Alto Mando en ejercicio acepta la renuncia del Presidente, pero delibera en cuanto a su salida del país en función de los hechos de sangre ocurridos durante el día y la posible responsabilidad directa del Presidente en la situación política, social, económica y militar el país (…) El Alto Mando en ejercicio decide dejarlo en el país en términos éticos y legales y no con visión política, por cuanto considera que han ocurrido hechos de sangre graves, por lo cual el Presidente queda en calidad de custodia a la orden de la Fuerza Armada Nacional».
Bueno, luego sale él, que seguía bajo presión; sale el Alto Mando Militar y dijo lo que dijo: El Presidente ha aceptado la renuncia».
Quien podía resolverlo era el Tribunal Supremo de Justicia, el cual se reunió el día 12 de abril en horas de mediodía, pero lejos de pronunciarse sobre los acontecimientos, lo único que se supo de su reunión fue que su Presidente del mismo había renunciado para facilitar la labor de las nuevas autoridades, es decir, en definitiva también reconocía que habría nuevas autoridades.
Pero los acontecimientos del 12 de abril de 2002 con motivo del anuncio del General en Jefe Lucas Rincón sobre la renuncia del Presidente de la República, también produjeron otra serie de consecuencias jurídicas.
Ahora, si no existía Presidente en ejercicio y antes se habían producido los graves acontecimientos que los militares como móvil de sus pronunciamientos; que la OEA condenó tal y como lo hiciera este Alto Tribunal, no puede decirse que con ello se pretendía impedir u obstaculizar el ejercicio de un poder ejecutivo sin titular, ni alterar el orden y la paz interior de la nación, que ya se había roto por elementos exógenos a los imputados.
El contenido de esa decisión fue inconstitucional y violatoria, además, de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, por violación del principio de la democracia representativa al cesar en sus cargos a los diputados a la Asamblea Nacional.
Sin embargo, como consecuencia del desafortunado decreto del denominado gobierno de transición leído en la tarde del 12 de abril, la Carta Democrática terminó aplicándose a Venezuela pero no por las violaciones del gobierno del Presidente Chávez a la Carta, sino con motivo de las violaciones al principio de la democracia representativa al instalarsse el gobierno de transición, provocando la reacción de la OEA67.
La secuela de toda esta crisis política y constitucional fue que los militares, cuyas altas autoridades habían desobedecido al Presidente de la República, lo repusieron en el poder unos días después.
La crisis de gobernabilidad, sin embargo, no cesó, y durante los años siguientes, las personas que directa o indirectamente tuvieron alguna relación con los hechos derivados de la crisis política de abril de 2002, fueron objeto de persecución política sistemática.
Cinco años después, en llamado gobierno de transición en la reseña que hizo el periodista Edgar López al señalar que «Dos horas más tarde se comunicó nuevamente con El Nacional para solicitar que en la reseña de la entrevista se incluyera su oposición a la disolución de la Asamblea Nacional, pues ello sí significaba la ruptura del hilo constitucional.
Lamentablemente no fue posible realizar la precisión en esa oportunidad, pero Brewer–Carías insistió ayer en que Carmona Estanga hizo caso omiso a su advertencia», El Nacional, 17–04–02, p. D–2.
66 Por ello, con fundamento en el texto de la Constitución y de la Carta Democrática Interamericana, el mismo día 12 de abril de 2002 expresamos nuestra opinión jurídica contraria a la decisión que se pretendía adoptar en el decreto del llamado gobierno de transición, que consideramos violentaba el principio democrático representativo, particularmente al suspender la Asamblea Nacional, lo que en lugar de salvaguardar los principios de la Carta Democrática, los contrariaba.
Véase en Allan R. Brewer–Carías, La crisis de la democracia venezolana .La Carta Democrática Interamericana y los sucesos de abril de 2002, Los Libros de El Nacional, Colección Ares, Caracas 2002, y En mi propia defensa.
Respuesta preparada con la asistencia de mis defensores Rafael Odremán y León Enrique Cottin contra la infundada acusación fiscal por el supuesto delito de conspiración, Colección Opiniones y Alegatos Jurídicos No. 13, Editorial Jurídica venezolana, Caracas 2006, 606 pp. Véase la reseña de la rueda de prensa que el autor dio el 16–04–2002 en El Nacional, 17–04–02, p. D–2; El Nuevo País, 17–04–02, p. 2; El Universal, 17–04–02, p. 1–4.
Véase el testimonio de Pedro Carmona a quien le expresamos nuestra diferencia con el Decreto, en su libro Testimonio ante la Historia, Caracas 2004, pp. 107–108; y en su declaración jurada ante Notario Público en Bogotá el 23–02–2006, publicada en Allan R. Brewer–Carías, en En mi propia defensa, cit, pp.591–598.
67 En la reunión de Presidentes latinoamericanos del Grupo de los 15 en San José de Costa Rica, se produjo una reacción internacional contra las decisiones adoptadas que atentaban contra los principios de la Carta Democrática Interamericana y solicitaron del Secretario General de la OEA la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria de la organización, El Nacional, 13–04–02, p. A–9.
El Secretario General Cesar Gaviria, por ello destacó que el cierre de la Asamblea Nacional «fue lo que más indignación causó a los Cancilleres», El Nacional, 17–04–02, p. A–4.Por ello, el Secretario General de la OEA, en el Informe que presentó a la Asamblea General el 18–04–02, destacó lo siguiente: «Podemos afirmar que el gobierno apenas en la fase de instauración, sin ninguna legitimidad democrática, fue fruto de decisiones tomadas por los militares.
En carta que fue del conocimiento de los miembros del Consejo Permanente, quien presidía lo que se auto calificó como gobierno provisional, expresamente reconoció la ruptura constitucional».
Agregó, además, el Secretario General en su Informe, en relación con el gobierno transitorio que se instaló, que: «Además, por las decisiones que tomó y que significaban el cierre de los organismos elegidos popularmente, la intervención del poder judicial y de todos los organismos del llamado «poder moral», y en la práctica la derogatoria de la Constitución y de muchos de los actos realizados bajo su desarrollo».
El Secretario General, por otra parte, formuló una serie de recomendaciones al gobierno del Presidente Chávez, particularmente, sacar a los militares del debate político.
Justicia del Estado Táchira; la comisión de los delitos de instigación a delinquir y rebelión militar hasta el 2 de diciembre de 2.007; los hechos acaecidos el 11 de abril de 2.002 en Puente Llaguno, que no constituyeron ofensas de lesa humanidad; la toma violenta de las instalaciones de la planta televisiva Venezolana de Televisión; los hechos violentos ocurridos en los Buques Petroleros en diciembre de 2.002; y hechos que configuren o constituyan actos de rebelión civil hasta el 2 de diciembre de 2.007.
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