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La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este jueves 22 de marzo, que la medida cautelar innominada solicitada por el Ministerio Público (MP) en relación con la difusión de informaciones por la presunta contaminación del agua, garantiza los derechos de los ciudadanos al reivindicar el principio de recibir información objetiva, veraz y oportuna.
Con este petitorio no se está cercenando el derecho a la comunicación, al contrario se busca que la información sea objetiva y veraz
El anuncio lo hizo en el programa “Toda Venezuela”, transmitido por Venezolana de Televisión, donde explicó que los venezolanos tienen derecho a estar informados objetivamente, pues no pueden estar expuestos a informaciones que generen zozobra en la colectividad.
Ortega Díaz señaló que, debido al gran alcance que tienen en la población, los medios de comunicación deben ser responsables de la información que generan.
Dijo que con esta medida no se está cercenando el derecho a la comunicación, al contrario se intenta que haya información veraz, fluida y cierta. Añadió que no se pretende “que se ejecuten acciones contra los medios de comunicación, sino que cumplan con su responsabilidad y labor”.
También, aseguró que el agua en Venezuela es debidamente tratada de acuerdo con los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud. Además, reiteró que el ministro del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher, le entregó unos documentos para verificar el tratamiento que se le da al agua y así garantizar que es potable, pura y sin riesgo de contaminación.
Cabe destacar que este miércoles 21 de marzo, en horas de la noche, el Tribunal 25º de Control del área metropolitana de Caracas acogió el pedimento que le hizo el MP de exigir a los medios de comunicación que fuesen extremadamente responsables en cuanto a la información generada sobre la presunta contaminación del agua.
Al respecto, la Fiscal General destacó que el acceso al agua es un derecho humano y las personas deben estar informadas con todo lo referente a este servicio a través de los medios de comunicación; sin embargo, explicó que en este caso no existe ningún soporte técnico que valide que la información es cierta y que al contrario se ha generado un conflicto en la colectividad.
Indicó que el MP no ha recibido ninguna denuncia formal por la presunta contaminación del agua, sólo la de tres ciudadanos preocupados porque los medios de comunicación estaban difundiendo una noticia que para ellos causaba alarma y creen que esa situación podía ser constitutiva de delito.
Por tal motivo, el MP comisionó al fiscal 20º nacional, Daniel Guédez, para que dirija la investigación correspondiente y determine si los hechos revisten de carácter penal.
Reiteró que la institución siempre está vigilante de la protección del ambiente, por lo que ha dictado desde el año 2000 hasta la actual fecha, más de 150 medidas para la defensa y preservación de los recursos naturales.
Finalmente, Ortega Díaz aseveró que es responsabilidad del Estado cuidar y vigilar las fuentes generadores del agua potable, para garantizar a la población su derecho de acceder a este servicio y que se cumplan todos los requerimientos para el consumo humano.
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