Fernando M. Fernández
Recientemente, el trabajo de las policías de investigación penal han producido unos allanamientos en los que se han encontrado increíbles cantidades de productos falsos, entre los cuales se encuentran medicamentos y otros que necesita la industria automotriz, disquera, editorial, etc. Es impresionante la suma de dinero sucio que eso produce, la corrupción que realimente y lo que afecta a la economía formal y al consumidor defraudado.
En efecto, los propietarios de los derechos de las obras del ingenio, no solo son víctimas de los malhechores que les copian y piratean su talento. También son víctimas de la impunidad reinante, producto, entre otros factores de la descodificación penal.
La tutela penal de la propiedad intelectual se ha dispersado en los siguientes instrumentos: Código Penal, Ley de Propiedad Industrial, Ley sobre Derechos de Autor y Ley Especial contra Delitos Informáticos. El enfoque de cada una de estas leyes difiere entre sí, a pesar de lo uniforme que es el tema, lo que ha generado respuestas dispares por parte del Estado, lo que ha afectado sensiblemente la eficacia institucional ante un fenómeno creciente e impune. Hace falta adaptarlas a criterios uniformes, de acuerdo a la Convención de Palermo sobre Delincuencia Transnacional Organizada.
Es el momento de poner fin a esta situación, mediante la codificación de las normas dispersas. La dispersión normativa y sus contradicciones genera una gran indefensión de las víctimas e insuficiencia de tutela judicial efectiva. Ello es causa y efecto de la inseguridad jurídica que es constante general en toda la legislación penal venezolana y muy específica en materia de propiedad intelectual.
Venezuela se ha visto convertida en un paraíso de la piratería y crimen organizado, que se aprovecha de las insuficiencias, errores y contradicciones de la legislación penal para lograr sus pingues ganancias. Además, se apoya en las necesidades económicas de millares de desempleados que ven en la venta informal de piratería el único medio para lograr un mínimo sustento.
Finalmente, la mejor prevención de estos delitos es mediante el fortalecimiento de la economía formal y que esta tenga defensas legales reales frente a los ataques y fraudes del crimen organizado.
Fernando M. Fernández
Socio de Baker & McKenzie
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