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Proponen vigilancia y supervisión de actuaciones de los jueces y fiscales del Ministerio Público
El presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos (FUNGAPDEHCA), Luis Rafael Escobar Ugas, informó que consignó en el Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley de la Contraloría Judicial, Penal y Civil, a fin de que sea evaluado.
El representante de la mencionada ONG agregó que en mesas de trabajo realizadas en diferentes comunidades se recopilaron propuestas que sirvieron de base para la elaboración de dicho proyecto, el cual tiene por objeto la regulación y la constitución de la contraloría judicial, penal y civil, como una instancia de participación pública y de relación entre las comunidades organizadas y los organismos operadores de justicia con la intención de supervisar, controlar, vigilar los procedimientos judiciales, penales y civiles.
Precisó que la propuesta también está respaldada por familiares de víctimas de abusos por parte de funcionarios del Poder Judicial. Según Escobar Ugas, lo que se busca es que los jueces, fiscales y sus organismos auxiliares realicen su trabajo enmarcado dentro de la ley, el respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a los lapsos procesales para erradicar la impunidad.
Añadió que la contraloría judicial, penal y civil sería un organismo integrado al Poder Moral y conformado por ciudadanos y ciudadanas de trayectoria en el trabajo social comunitario, consejos comunales, ONG, grupos religiosos, culturales y deportivos, así como escritorios jurídicos y abogados litigantes, y todos aquellos colectivos y personas que tengan interés en que desaparezcan las mafias judiciales y penitenciarias, se acabe la impunidad, violación de derechos humanos y la corrupción dentro del Poder Judicial.
Explicó el presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos, que los contralores judiciales, penales y civiles serán preparados en escuelas que deben ser creadas en los diferentes estados del país con la contribución del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia.
Dichos funcionarios, dijo, vigilarán y supervisarán las actuaciones de los jueces y fiscales del Ministerio Público y sus organismos auxiliares, ”entre sus funciones están levantar informes que serán presentados al TSJ, a la Fiscalía y al MIJ; de no tomar estos organismos las actuaciones administrativas requeridas, entonces, se presentarán ante la AN, Defensoría del Pueblo y como última instancia al Presidente de la República para que se restituyan los derechos humanos violados y se exijan las sanciones correspondientes”, dijo, finalmente, Escobar Ugas.
Texto: Maritza Villarroel O. / Prensa AN
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