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Caracas ignora el paradero de $20 millones para litigios
El gobierno de Venezuela desconoce la manera en que se utilizaron unos $20 millones que destinó para afrontar dos demandas multimillonarias en Estados Unidos y Suiza, según se desprende de documentos judiciales de la corte federal de Miami y declaraciones obtenidas por El Nuevo Herald.
A pesar de la gruesa suma que fue entregada con ese propósito a una firma jurídica de Caracas, Venezuela afronta una demanda por daños y perjuicios en Miami de parte de un despacho de abogados de la ciudad, que alega que el gobierno venezolano le adeuda más de $900,000 en honorarios, costos y demoras.
En el centro de la controversia se encuentra Esther Bigott de Loaiza, una influyente abogada venezolana con conexiones en el gobierno de su país y que fue comisionada por la Procuraduría General de la República de Venezuela para subcontratar bufetes extranjeros en los dos litigios internacionales.
Ambos casos están relacionados con el supuesto incumplimiento por parte de Venezuela del pago de unos bonos emitidos por el desaparecido Banco de Desarrollo Agropecuario S.A. (Bandagro)
De acuerdo con los documentos judiciales, Bigott recibió el dinero en diferentes desembolsos. Pero ahora el gobierno de Venezuela no sabe cómo y a quién se entregaron gran parte de esos fondos.
"El gobierno de Venezuela ha pedido oficialmente una rendición de cuentas a la abogada y ella no ha respondido», explicó el abogado Richard Díaz, quien representa a Venezuela en la corte de Miami.
Bigott no respondió llamadas de El Nuevo Herald a su oficina en Caracas.
Por instrucciones del presidente Hugo Chávez, Bigott contrató en abril del 2005 a la firma Ruden McClosky de Miami, la cual designó al jurista cubanoamericano Armando E. Lacasa para que se hiciera cargo del caso.
Esta firma a su vez contactó a otros abogados de renombre, como la ex fiscal federal adjunta Theresa Van Vliet, quien ahora representa al hombre del escándalo de la valija Guido Alejandro Antonini. Van Vliet renunció a la defensa del gobierno de Venezuela en octubre del 2006.
En total 17 abogados se registraron en la corte federal del distrito sur de Ohio para asumir la defensa de Venezuela y del ex ministro de Hacienda, Tobías Nóbrega, en un proceso civil que se inició en agosto del 2004 como consecuencia de una demanda planteada por la empresa Skye Ventures.
La compañía reclama un dinero que invirtió en los bonos del banco oficial Bandagro y por los que pagó $100 millones en 1981.
El banco se fue a la quiebra antes de que las notas promisorias maduraran y el gobierno de Venezuela se ha negado a cumplir con la obligación, alega la demanda.
El valor actual de las notas asciende a $1,000 millones, según los demandantes.
Venezuela argumenta que las notas son fraudulentas. El caso continúa pendiente.
Bigott apareció en el escenario del litigio en el 2004, cuando el gobierno venezolano la contrató, junto con otros abogados de su bufete en Caracas, para analizar los procesos legales de Estados Unidos y Suiza.
En virtud de varios acuerdos, la Procuraduría General de la República, a través de la procuradora Marisol Plaza Irigoyen, autorizó a Bigott para que contratara a los abogados extranjeros.
Venezuela sostiene que Bigott se comprometió a librar al gobierno de toda responsabilidad en el pago directo de honorarios, según documentos aportados al proceso de reclamación de Ruden McClosky.
En diciembre del 2006, la nueva procuradora Gladys Gutiérrez Alvarado, dio por terminado de manera unilateral y anticipada el acuerdo con Bigott y notificó de la suspensión de los servicios a la firma de Miami.
No obstante el gobierno venezolano dejó abierta la posibilidad de suscribir un nuevo contrato pero en forma directa con Ruden McClosky, según un documento de la corte.
Para esa fecha, Venezuela había pagado a Bigott $20 millones, afirma la procuradora Gutiérrez en un recuento de los acuerdos suscritos con la abogada.
Gutiérrez no explica en este documento las razones de la cancelación del contrato.
Ruden McClosky no ha sido comprometida en ninguna irregularidad relacionada con los pagos.
A juzgar por un memorial enviado por Gutiérrez a esta firma en diciembre del 2006, la Procuraduría desconocía la información básica sobre los desembolsos hechos por Bigott y no tenía mayor idea de la estrategia legal que se planteó en el proceso de Ohio.
Gutiérrez le pidió a Ruden McClosky un estado de cuentas con las cantidades exactas pagadas por el escritorio jurídico Loaiza Bigott y Asociados así como "los fundamentos jurídicos de la estrategia de defensa», y un informe detallado de las actuaciones del caso.
En una declaración a The New York Times, Bigott dijo que ella dejó el caso de Ohio "en la novena entrada con Venezuela ganando 9-0».
Díaz, abogado de Venezuela, declaró a El Nuevo Herald que no está de acuerdo con la metáfora deportiva
En medio del seguimiento de las cuentas de Bigott, la Procuraduría venezolana recibió la noticia de la demanda de Ruden McClosky contra la República de Venezuela así como contra Bigott.
Radicada en junio del año pasado en un tribunal DE Miami-Dade y luego transferida al fuero federal, la querella acusa a Venezuela y a Bigott de incumplimiento del contrato de honorarios y enriquecimiento injustificado, entre otros.
Venezuela, a través del bufete miamense Díaz Reus & Targ, respondió que como Estado soberano es inmune a la reclamación pecuniaria; que Estados Unidos no es la jurisdicción apropiada para dirimir el caso y que resulta "irracional» que la firma esté cobrando la cantidad alegada cuando sólo presentó dos mociones en la corte de Ohio en enero del 2005.
Consultado sobre este señalamiento, Lacasa respondió a El Nuevo Herald en un mensaje electrónico que el registro de actividades del expediente "refleja todas las actuaciones de la firma Ruden McClosky»
Lacasa agregó que "independientemente de las antes mencionadas actuaciones, la firma Ruden McClosky condujo un extenso proceso de acumulación de pruebas, tanto en los Estados Unidos como en Venezuela».
Bigott, "está en mejor posición que nadie para explicarle en forma objetiva cuáles han sido nuestras actuaciones», afirmó Lacasa.
Texto: GERARDO REYES
Fuente: El Nuevo Herald AP
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