FORO PENAL VENEZOLANO, FUERZA INTEGRADORA Y VIVE ANUNCIAN ENVIO DE DENUNCIA A LA COMISIÓN INTERAMERICANA SOBRE AMEDRENTAMIENTOS CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y VICTÍMAS DE PERSECUCIÓN POLÍTICA
Luego del último hecho acontecido en la casa del Comisario Iván Simonovis, la noche del domingo 11 de este mes, y aunado a hechos anteriores relacionados con eventos irregulares suficientemente documentados ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, los miembros de las mencionadas asociaciones civiles consideran que la vía interna ya no ofrece ninguna garantía para velar por el derecho a la vida y a la seguridad personal consagrados en el artículo 44 de la Constitución Nacional y por ende han previsto como impostergable enviar la absoluta documentación recabada hasta el momento a la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mónica Fernández, presidenta del Foro Penal Venezolano, quien fungió como vocero de las otras asociaciones manifestó la alta preocupación de la sociedad civil organizada por el crecimiento de focos de violencia, amedrentamiento, persecuciones y demás actitudes "sospechosas" en contra de activistas de derechos humanos y particularmente en relación a las muestras de agresiones permanentes contra la esposa y la vivienda del Comisario Iván Simonovis. "Nos llama poderosamente la atención que en la medida en que ha avanzado el juicio en contra de los comisarios y se ha dejado en evidencia que técnicamente están absueltos luego de más de 100 audiencias se hayan hecho más permanentes estas agresiones, más aún cuando la Dra Maria del Pilar de Simonovis ha asumido la vocería pública en cuanto a las irregularidades del juicio. Por ende no consideramos que esto responda a un hecho aislado sino a una política de presión sicológica directamente orientada a tratar de opacar la denuncia pública como parte de la libertad de expresión. Es muy fácil comprar medios de comunicación, impulsar multas contra otros, amenazar con cerrarlos, todo para controlar la denuncia contra las arbitrariedades que cometen los Poderes Públicos en Venezuela. Pareciera que es la única intención lógica que estos hechos pretenden lograr, cosa que obviamente no ocurrirá, pues por el contrario esto produce la mayor activación de los grupos organizados en la Defensa de sus Derechos Ciudadanos."
En esta oportunidad y ante las denuncias permanentes que hemos formulado con relación a la falta de autonomía e independencia entre los poderes públicos y a la magnitud de las irregularidades que han ocurrido durante el desarrollo del debate más largo de la historia penal acusatoria venezolana, hemos decidido recurrir de nuevo a Instancias Internacionales, con una doble finalidad: en primer lugar advertir el grave incremento en los últimos meses de la utilización de la figura de sicarios, y la intervención de algunos funcionarios de cuerpos de seguridad en hechos punibles, y en segundo lugar para seguir documentando la causa que estudia la comisión interamericana con relación al Caso Simonovis y que estaría en estado de admisibilidad. Es importante mantener a la CIDDHH informada de cualquier hecho relacionado de forma directa o indirecta con el juicio, pues no hay duda que la politización del mismo ha ido dibujándose cada día con mayor claridad; esto nos permitirá a la vez tener suficiente información para demostrar ante la Comunidad Internacional que no se trata de hechos aislados sino una política continuada que ha producido el pronunciamiento de la CIDDHH con relación a periodistas y otros activistas de DDHH en Venezuela, por demás incumplidas por el Estado Venezolano.
Es oportuno a la vez traer a colación los hechos también capciosos para todos ocurridos con el activista Héctor Benchocron Presidente de la Red de Abogados capítulo Ciudad BOlivar , quienes han llevado el caso de la Paragua ante la CIDDHH. La semana pasada encontró que le habían sustraído las llaves de su camioneta, y que esta había sido abierta, dejándole en su asiento el control remoto de alarma; el día anterior y a altas horas de la noche, un vehículo no identificado con 3 tripulantes a bordo, vestidos de negro fueron hasta su residencia y al ser descubiertos por uan vecina insistieron en preguntar si era la casa de Benchocron el dueño de una camioneta azul" Así mismo el fin de semana en el Estado Anzoátegui un activista en el área del Derecho a la Ecuación que había denunciado mafias sindicales en ese estado fue abaleado en su residencia lo que ameritó su hospitalización inmediata, hecho que denunció Alcides Magallanes de la Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui"
Todos estos hechos nos demuestran que la agenda política en Venezuela está siendo intencionalmente desviada a temas que no son relevantes para la sociedad civil y menos aún en su beneficio, mientras se nombran comisiones presidenciales, y se anuncian leyes y más leyes, además mientras más poder se concentra en Hugo Chávez Frías, la gente en Venezuela sigue muriendo, sigue siendo víctima del hampa, y ahora del sicariato, figura que antes no era extraña, alertamos sobre el peligro que para Venezuela configura este desmedido crecimiento de la violencia y exigimos a los Poderes Públicos un pronto pronunciamiento con relación a estos hechos, pues al igual que las instancias judiciales son movilizadas con gran rapidez cuando las víctimas están relacionadas a funcionarios en poder, el resto de los venezolanos tenemos derecho a protección ante una obligación clara del Estado según la Constitución de la República.
Así mismo insistimos en que por más injustas que sean las causas seguidas en nuestra contra, aún y cuando existan hechos que no configuran más que un absurdo "terrorismo sicológico" estamos dispuestos a seguir denunciando dentro y fuera de Venezuela todo aquello que atente contra la Democracia en Venezuela, por más poder que hoy se tenga, la historia ha demostrado en los países latinoamericanos que la documentación, el agotamiento de las vías internas, la denuncia permanente, y poner en conocimiento de la comunidad internacional de lo que aquí viene sucediendo, servirá para lograr en un futuro, quizá no muy lejano claras responsabilidades civiles, penales, administrativas tanto del Estado como de los funcionarios públicos que hayan cometido actos de violación de Derechos Humanos por comisión o por omisión, último caso que estaría identificado por la ausencia de respuesta efectiva en la protección de los derechos de las víctimas de violencia e inseguridad.
Monica Fernández Sánchez
Directora Ejecutiva
—
Mónica Fernández Sánchez
WhatsApp
Telegram