Autor: Comisión Andina de Juristas
Enviador por: Fernandez, Fernando [Fernando.Fernandez@BAKERNET.com]
El 11 de abril se cumplirá un año del intento del golpe de Estado a Hugo
Chávez en Venezuela, en ese transcurso la situación de la democracia en
Venezuela ha empeorado a pesar de las múltiples iniciativas por lograr el
consenso entre las partes en conflicto. La Mesa de Negociaciones y el
denominado «Grupo de Amigos» (grupo de Estados que buscan apoyar la labor de
intermediación de César Gaviria, Secretario General de la OEA) expresan la
preocupación interna e internacional para favorecer el diálogo antes que el
enfrentamiento. Sin embargo, los frutos de ambos espacios de concertación
aún no se dejan notar.
A un año del 11 de abril: nuevas amenazas
Por el contrario, estos últimos meses hemos
asistido a un empeoramiento de
las condiciones de vida en este país. Así por
ejemplo, los indicadores
económicos y sociales presentados por el grupo
de análisis Diálogo
Interamericano en su informe «Las Américas
en problemas», demuestran que la
situación económica en Venezuela se ha
deteriorado en los últimos cuatro
años, lo que queda demostrado con una
contracción económica del 10%.
Pero sin duda la situación más preocupante de
los últimos meses se origina
en la decisión del Gobierno de desarrollar un
política de control de
cambios. Esta política fue establecida debido a
que el inicio del «paro
cívico» originara fuga de capitales que
mermó las reservas internacionales
en 12 % a 10.986 millones de dólares hasta el 21
de enero(1) . Como medida
colateral, se ha creado la Comisión de
Administración de Divisas, encargada
de hacer las asignaciones en moneda extranjera a
importadores y exportadores
bajo la consigna, según Chávez, de «no dar
un solo dólar a los golpistas».
Esta medida gubernamental ha sido asumida por el
sector empresarial opositor
al régimen de Chávez como un arma política
para perjudicar a los empresarios
que participaron de las paralizaciones que
durante varios meses tuvieron en
vilo las calles venezolanas. Así por ejemplo,
uno de los grandes sectores
perjudicados sería la prensa escrita pues los
insumos son generalmente
importados. De concretarse perjuicios a la
importación del papel, esta
situación podría ser interpretada como una
medida indirecta que restringe la
libertad de expresión y que se encuentra
prohibida por el Artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos del Hombre.
En realidad, cualquier medida que el gobierno de
Chávez adopte probablemente
sea interpretada como una medida destinada a
disminuir a la oposición que
hoy le hace frente. Es por eso que se hace
imprescindible, inclusive para el
propio gobierno de Chávez, la finalización de
este proceso de crisis
política que sólo conduce a crear un clima de
desconfianza frente a
cualquier política estatal.
Sin embargo, esta no es la única nueva
preocupación para los venezolanos.
Durante los últimos meses, se ha confirmado la
presencia de las guerrillas
colombianas dentro de territorio venezolano. Pese
a que las autoridades
venezolanas aseguran lo contrario, un informe del
Ejército colombiano
conocido por el diario colombiano «El
Tiempo», registra que las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
tienen en territorio venezolano
un centro de adiestramiento permanente, y que el
Ejército de Liberación
Nacional (ELN) cuenta con un campamento que
funciona como base y una
comisión permanente en el sector de Orope,
Venezuela, que se encarga de
conseguir las armas, municiones y material
logístico por toda la frontera.
El diario «El Universal» también pudo
constatar la existencia de un
campamento las FARC en el asentamiento campesino
de San Benito, en el Estado
Zulia. El emplazamiento se enconaría a cinco
kilómetros de la carretera
negra Machiques Colón y a nueve kilómetros
respectivamente de la Base de
Protección Fronteriza Socuavó del Ejército
venezolano y del Puesto de
Comandos Rurales de la Guardia Nacional Mi
Ranchito.
Lo preocupante de este avance de las guerrillas
colombianas en Venezuela al
parecer cuentan con la aquiescencia del gobierno
de Hugo Chávez. Por lo
demás, el presidente venezolano no ha dudado en
demostrar su simpatía por
los grupos colombianos alzados en armas. En el
mes de febrero, según una
entrevista publicada por el semanario «El
Espectador», el presidente
venezolano expresó su deseo de que las
guerrillas colombianas se transformen
en movimientos políticos y contribuyan a generar
cambios.
La política de control de cambios y el auge de
la presencia de las
colombianas son dos elementos que se suman a las
múltiples variables que hoy
explican la precaria situación política, social
y económica de Venezuela.
Ambas se suman a: los altos niveles de
criminalidad; el inicio de atentados
terroristas que aún no son esclarecidos por las
autoridades y que muchos
consideran son actos de terrorismo de estado; las
violaciones a la libertad
de expresión de periodistas y una «Ley de
contenidos» duramente cuestionada;
un creciente número de desplazados colombianos;
acusaciones de persecución
política; solicitudes de intervención militar
para solucionar el conflicto;
entre otros.
El escenario descrito disminuyen las
posibilidades de que Venezuela logre
una salida rápida y concertada a la crisis. Los
espacios hasta ahora creados
lentamente viene perdiendo legitimidad como foros
para lograr soluciones. La
Mesa de Negociaciones frecuentemente se ve
sacudida por decisiones
gubernamentales que contradicen sus objetivos. El
«Grupo de Amigos» está
empezando a ser cuestionado por los intereses
particulares que motivan la
participación de cada Estado integrante del
foro. La participación de César
Gaviria tampoco ha sido lo fructífera que se
esperaba.
Es hora pues que la Organización de Estados
Americanos empiece a evaluar la
posibilidad de poner en práctica los mecanismos
para la protección de la
democracia existentes a nivel interamericano. Es
el caso de la Cata
Democrática que para muchos es necesario
aplicar.