Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Amnistía Internacional ha urgido a las autoridades venezolanas a liberar a la juez detenida por más de un año sin juicio, por haber acordado la libertad provisional de un banquero acusado de corrupción.
La Juez María Lourdes Afiuni fue arrestada el 10 de diciembre de 2009, horas después de ordenar la libertad condicional del banquero Eligio Cedeño, una decisión que estaba dentro de sus atribuciones y era consistente con las leyes venezolanas.
Un día después de su arresto, la decisión de la juez fue condenada por el Presidente Hugo Chávez en cadena nacional de radio y televisión, en la que llamó a sentenciarla a 30 años de cárcel.
Detenida en la cárcel de mujeres de Los Teques, fuera de la capital Caracas, se informa que la Juez Afiuni tiene urgente necesidad de tratamiento médico y ha recibido amenazas de reclusas a quienes ella juzgó y sentenció. No se ha producido una investigación oficial sobre estas amenazas.
“La detención de la Juez Afiuni es aparentemente el resultado de interferencia política del Presidente Chávez. Ella está detenida simplemente por cumplir con su trabajo y por ello debe ser liberada”, afirmó Guadalupe Marengo, Subdirectora de Amnistía Internacional para las Américas. “Su salud es precaria y recibe poco o ningún tratamiento, además de encontrarse en riesgo de violencia. Las autoridades deben asegurar que mientras permanezca en prisión, no sea torturada o sometida a malos tratos por parte de la custodia ni de otras reclusas”.
La Juez Afiuni fue acusada de corrupción propia, abuso de autoridad, asistencia para la evasión de detenido y asociación para delinquir, por su decisión de otorgar libertad condicional al banquero Eligio Cedeño en diciembre de 2009. Un año más tarde, la Fiscalía general no ha presentado evidencias confiables que sustenten estos cargos en contra de la Juez Afiuni.
La familia de la Juez ha expresado preocupación por el deterioro de su condición física; a pesar de ello, se informa que las autoridades han demorado e incluso ignorado las solicitudes de tratamiento médico.
Informes médicos indican que la Juez Afiuni tiene dos tumores en el seno. También presenta un problema ginecológico que le ha causado hemorragias desde noviembre de 2010. No se ha permitido a los médicos concluir los exámenes necesarios para brindarle un tratamiento adecuado. En enero de 2011 ella también tuvo varios episodios de taquicardia por los que no ha recibido tratamiento adecuado.
El 10 de diciembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a las autoridades venezolanas tomar medidas inmediatas para garantizar la vida e integridad física, psíquica y moral de la Juez Afiuni y para asegurar que sea atendida por médicos de su elección.
La Corte dio plazo a Venezuela hasta el 20 de diciembre para informar sobre las acciones tomadas. Amnistía Internacional desconoce la respuesta del gobierno venezolano.
El 16 de diciembre de 2009, las Naciones Unidas expresó que “es imperativa la inmediata e incondicional libertad de la Juez Afiuni” y que “las represalias por ejercer sus atribuciones constitucionalmente garantizadas, y crear un clima de temor entre los jueces y abogados, no tiene otro propósito que el de socavar el estado de Derecho y obstruir la justicia”.
Amnistía Internacional dijo que le preocupa que el caso de la Juez Afiuni pueda disuadir a otros jueces de tratar a todas las personas sometidas a juicio de manera igualitaria, de acuerdo con las leyes venezolanas y tratados internacionales dederechos humanos de los que Venezuela es parte.
La organización afirmó que el temor de los jueces a que sus decisiones sean rechazadas por parte de autoridades superiores, puede afectar de manera negativa los derechos humanos de la población y la posibilidad de que los acusados y las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan obtener justicia.
La nota original en inglés puede ser consultada en:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/venezuela-urged-release-judge-held-without-trial-year-2011-01-26
Traducción al castellano: Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Teléfono: 0212-407-4434