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Asdrúbal Aguiar // Habilitante para la dictadura
Lo acontecido con la Ley Habilitante corre en línea contraria al ser del venezolano
La aprobación de la Ley Habilitante, que desnuda y hace de la Asamblea Nacional un parlamento de eunucos y viste al teniente coronel como legislador supremo de todo cuanto en lo adelante ocurra y se haga en Venezuela, consuma – así lo afirmo, sin emoción ni exageraciones- un auténtico golpe de Estado.
El respeto a la separación e independencia de los poderes públicos, como lo dicta la experiencia, es la garantía real de la democracia y del Estado de Derecho; es el estándar que libra al ciudadano y al individuo del atropello impune a sus derechos fundamentales por quienes se encuentren situados en las distintas esferas de la organización pública, detentándola.
Y lo dramático de cuanto ocurriera recién en la Plaza Bolívar de Caracas, sede accidental del Parlamento que hizo lugar a esta traición constitucional, fue su impudicia.
No me refiero, diciendo esto, al cinismo de la "consulta popular" previa que anunciaran los rendidos "escribanos" de Miraflores antes de validar la habilitante del caso y que realizaran en tres días auxiliados por una oculta divinidad: ¡Que los asambleístas hayan mudado sus escritorios a la plaza pública y despachasen en ella como buhoneros de ocasión, desafiando al alcalde Bernal, no hace populares sus decisiones y menos ahora!
Me refiero, pues, a la fractura habida de un elemento crucial para la vigencia de nuestra República.
Lo acontecido con la Ley Habilitante corre en línea contraria al ser y la naturaleza del venezolano, tanto que lo desfigura. Me explico. El nominalismo, el cuidado de las formas, hizo siempre y hace parte de nuestra genética nacional y de pueblo. Otra cosa es que no respetemos luego la sustantividad envuelta por las formas o los nombres.
Si observamos la historia patria, fraguada a fuerza de traiciones, regada de dictaduras militares y mesianismos, podemos constatar que hasta nuestros más disolutos gobernantes, pienso en Cipriano Castro, pero añadiría, no por disolutos sino por autócratas, a Juan Vicente Gómez y a Marcos Pérez Jiménez, tuvieron el pudor de sostener sus tinglados congresiles permitiéndoles fingir el cumplimiento del mandato constitucional, aun cuando a la vuelta de la esquina la policía esperase a uno que otro "representante" para arrastrarlo hacia el calabozo.
Gómez, si se sentía cansado en Caracas y le molestaba la incontinencia y frivolidad de los caraqueños, se mudaba a Maracay y dejaba la Presidencia en manos de un títere.
Pero el Congreso le hacía el mandado, cuidando hasta el mínimo detalle para que todo se hiciese según la Constitución.
No por azar, lo recuerda Carré de Malberg copiando a Rousseau, "no existe en el Estado – si éste existe, ajustaría yo- sino un solo poder digno de este nombre, el Poder Legislativo o soberanía".
Así las cosas, no se requiere ser entendido en asuntos jurídicos o constitucionales para comprender, a la luz del sentido común, que el ejercicio del poder que la Constitución confía a sus titulares no pueden disponerlo éstos con fraude a la misma Constitución.
En otras palabras, si es verdad que conforme a la Constitución puede habilitarse al Presidente para que dicte decretos con fuerza de ley la habilitación ha de ser extraordinaria, excepcional: exigencia que no se cumple por el hecho de que se le otorgue por un tiempo limitado. Ha de ser y hacerse la habilitación, en suma, acotada, limitada, restrictiva, bajo control parlamentario, taxativa y no abierta, y de un modo tal que no implique una abdicación siquiera tácita por el órgano que habilita – la Asamblea Nacional- a sus competencias y obligaciones constitucionales.
La lectura de la Ley Habilitante aprobada en la Plaza Bolívar no deja dudas en cuanto a la usurpación grosera que hiciera la Asamblea de competencias que no tiene – renunciar a lo que es- y que van más allá de lo que le dicta y manda la propia Constitución. Actuó, al habilitar al teniente coronel como lo hizo, casi a título de poder constituyente originario. Desvistió a la legislatura y convirtió en dictador al Ejecutivo. Anuló el sistema de frenos y contrapesos institucionales que reclama cualquier democracia, cuando se precia de serlo.
Según nuestra Constitución, todo acto nacido de la usurpación es nulo y el poder desviado o abusado en su ejercicio acarrea la responsabilidad de sus autores.
El artículo 350, además, le ordena al pueblo desconocer cualquier legislación o autoridad que contraríe las garantías de la democracia. Nada más.
fuente: http://noticias.eluniversal.com/2007/02/06/opi_35043_art_164624.shtml
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