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PARA QUITARSE DE ENCIMA la incómoda «provisionalidad» que ha regido durante los últimos años al Poder Judicial en el cual casi un 80% de los jueces del país no tienen estabilidad, luego de la ya casi olvidada y fracasada reforma judicial que produjo la destitución de los jueces de carrera, y colocó a «dedo» en esos cargos a ese porcentaje tan alto de jueces, se inventa ahora un procedimiento que no contiene un concurso de credenciales, sino que a los jueces provisorios «nombrados a dedo», que han probado su lealtad al chavismo en sus decisiones, se les imparte un cursito rápido de un mes para luego darles la titularidad de los tribunales, sin pasar por concurso de oposición alguno.
Hemos sido muy críticos de un sistema judicial parcializado, que ha creado nuevas tribus que han sustituido a esas viejas tribus que no permitían a los venezolanos acceder a una justicia imparcial. Con este ardid se pretende darle forma a la detestable práctica que impuso la lealtad al proceso como el más importante y, en muchas ocasiones, el único requisito para ingresar y mantenerse en el Poder Judicial. De consolidarse semejante procedimiento, se terminará falsamente con la «provisionalidad judicial» que tanto daño le hace al gobierno al analizarse la separación de poderes en los foros jurídicos internacionales, pero la parcialización y el secuestro de su independencia se habrá sellado.
CHAVEZ TENDRA un Poder Judicial con jueces «titulares» tallado a su medida, para seguir usándolo como el brazo represor del régimen. Así, ningún perseguido político tendrá la más mínima oportunidad de demostrar su inocencia y salir libre de las imputaciones que la no menos parcializada Fiscalía le realice. Con apariencia de legalidad y de juicios justos, las condenas judiciales estarán aseguradas, tal como sucede en los procesos judiciales cubanos.
Durante el pasado fin de semana los venezolanos fuimos espectadores de un juicio simulado al imperialismo y a Bush. En declaraciones de quienes se presentaron como «testigos», los mismos expresaban que ese no era un juicio imparcial (no faltaba más), como si tal cosa pudiera ser posible (un juicio parcializado no es un juicio, es una farsa). Tal como a ellos les gustaría que funcionara aquí todo el sistema judicial para juzgar de la misma manera a la disidencia política, no hubo defensa de la parte acusada ni repreguntas a los falsos testigos. Hubo sí un público de galería que, como en cualquier teatro, gritaba y aplaudía cada frase condenatoria y producía en la práctica un «juicio asambleario» que la humanidad, en su evolución, ha venido rechazando y dejando atrás por constituir la forma más injusta de juicio.
PENA AJENA deberíamos sentir si los resultados de tal «procedimiento» (por calificarlo de alguna manera) llegan a ser presentados ante organismos internacionales, tal como lo anunciaron al concluir con su sentencia condenatoria. Pero una cosa nos llamó mucho la atención, pues revela por sí sola la contradicción entre el discurso antiimperialista y los hechos: la puesta en escena fue copiada de cualquier película gringa en cuanto a la forma procedimental empleada: toda la oralidad del proceso, la calificación de los testigos, y el desarrollo del juicio siguió las formas empleadas por la cultura anglosajona (imperialista) y no por la cultura greco-romana de la cual deriva el derecho latinoamericano en general y el venezolano en particular. Quienes montaron ese tinglado antiimperialista, han debido al menos guardar las formas, y no fusilarse lo que han visto en las películas de Hollywood, meca del cine imperial.
ESPEREMOS QUE NI Velásquez Alvaray ni sus compañeros en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura hayan visto tan original juicio, toda vez que podría ocurrírseles que, de ahora en adelante, para complementar a los nuevos jueces «titulares» que serán nombrados por la vía rápida con un cursito «express» de un mes de duración y sin concurso de credenciales, no sería malo que a los acusados de disentir del régimen se les someta a procesos en los cuales sus defensores no hablen, nadie alegue a su favor, se llene cada sala de audiencias de público pagado y debidamente uniformado de rojo, para que aplauda cada una de las frases que pronuncie el fiscal acusador cuando le diga «traidor a la patria», «golpista», «fascista» o «terrorista» al imputado. Y, cuando el acusado pretenda hablar en su propia defensa, el imparcial juez le ordene silencio y el público grite «así, así es que se gobierna», en apoyo a la negación del derecho a la defensa. Lo que sí no sería tan malo de emular, sin complejos tercermundistas, sería la oralidad en todos los procesos, que al menos le daría celeridad al inmenso retardo procesal que hoy existe.
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