Orta Poleo Abogados S.C., cuyos integrantes son miembros de Apiur, introdujeron el día 02 de Agosto de 2011, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una demanda de nulidad por la vía de acción popular, por inconstitucionalidad contra el Decreto Presidencial No.8190 de «Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas» del 06 de Mayo de 2011, Gaceta Oficial 39.668.
· El principal fundamento de la acción es que dicha ley produce la paralización de los desalojos ordenados y por ejecutar por los tribunales competentes, lo cual en modo alguno son arbitrarios, ya constituyen legítimos actos del Poder Judicial.
· Fue promulgada en base a la extemporánea Ley Habilitante que fue otorgada por una Asamblea Nacional cuyo periodo finalizó antes de la promulgación de la esta Ley.
· El presidente, en la Ley Habilitante, no tenía facultades para legislar en materia de arrendamiento de viviendas y en las otras mencionadas, sino solo en terrenos urbanos y construcción de nuevas
viviendas.
· Su contenido contraría el derecho de uso y disfrute de las viviendas, por parte de sus propietarios, pues hace casi imposible su recuperación, cuando han sido destinadas a arrendamiento, comodato, usufructo o dadas en garantía hipotecaria.
· Esta ley suspendió todos los juicios civiles a nivel nacional, que tienen por objeto una vivienda, hasta la realización de actos conciliatorios en el Ministerio de Vivienda. Los mismos no han comenzado en el interior del
país, y en Caracas, apenas se están recibiendo las solicitudes, lo cual
constituye una interferencia prohibida del Ejecutivo Nacional en la actividad jurisdiccional del Poder Judicial.
· La ley viola el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad y otros.
· Dichas acciones se están iniciando ante la grave situación que están sufriendo los propietarios de todos estratos sociales, por el injusto decreto y ante la reducción dramática de la oferta de viviendas en alquiler.
· Observaciones y posiciones sobre avances de la discusión de Ley de Arrendamientos de Vivienda en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.