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En el entendido de que la Constitución Nacional de Venezuela "no es cualquier ley sino el pacto fundacional o el contrato social" entre los ciudadanos de nuestro país, debe ser rechazado y enfrentado "el secretismo" con el cual el Parlamento chavista pretende llevar a cabo la reforma del texto fundamental, que no puede ser producto de la imposición de un sector sobre otro si se busca que tenga legitimidad y permanencia.
Asimismo existen en el texto de la Constitución de 1999 elementos suficientes para ponerle límites a una asamblea constituyente, y éstos son los valores y derechos fundamentales inherentes a la persona humana que forman parte de acuerdos y tratados supranacionales y que son reconocidos por la Constitución Nacional, mas no otorgados por ella, como los derechos humanos y el principio de vivir en democracia.
Estas fueron algunas de las conclusiones arrojadas durante el debate realizado ayer en el foro "Cambios constitucionales: oportunidades y amenazas", organizado por el Centro de Políticas Públicas Arístides Calvani (Ifedec). Eduardo Fernández, doctor en Derecho Constitucional y el ex magistrado Román Duque Corredor fueron anfitriones de Norbert Lösing, catedrático alemán experto en Derecho Iberoamericano.
Para Fernández debe evitarse entrar a debatir si el cambio constitucional se hará mediante reforma o mediante constituyente, sino plantear públicamente la exigencia de que "¡por el amor de Dios conozcamos el contenido de lo que proponen!".
Cree el presidente de Ifedec que si se trata de una agenda para apuntalar un proyecto hegemónico hay que enfrentarla. Recordó que ya el TSJ determinó que la constituyente tiene poder supraconstitucional "y el poder absoluto no me gusta ni en manos del Gobierno ni en manos de la oposición", aseveró.
Lösing destacó que la Constitución de 1999 establece el pluralismo político entre sus fundamentos de modo que permite desarrollar un "gobierno" socialista mas no un "régimen" socialista. Recordó un principio alemán según el cual "lo que desconoce la justicia y niega la igualdad no puede generar derecho".
Entre sus preocupaciones, Lösing calificó como "un error" de la Constitución de 1999 haber dejado la iniciativa de convocar una constituyente en manos del Ejecutivo (poder constituido) y alertó que se podría pretender "usar al pueblo para legitimar algo que no se puede legitimar"
Fuente: http://noticias.eluniversal.com/2007/03/14/pol_art_juristas-rechazan-s_210525.shtml
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