EL CASO CONTRA LAUREANO MÁRQUEZ Y EL VESPERTINO TAL CUAL UNA MUESTRA MAS DE LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN VENEZUELA
Por Mónica Fernández Sánchez
El Foro Penal Venezolano ha considerado el caso contra el politólogo y humorista Laureano Márquez una muestra más de la clara utilización de la Justicia en Venezuela, con la gravedad que en éste se ponen, en conjunto, de manifiesto tres aspectos muy relevantes como indicadores claros del rumbo antidemocrático que desde hace ya unos años ha tomado el país.
El primero de esos factores es el culto al personalismo y excesivo proteccionismo de las figuras de autoridad. Hay muestras permanentes de ampliación de los ámbitos de coacción con la aspiración de proteger a los altos funcionarios del Estado, y particularmente a Hugo Chávez Frías y quienes están en su entorno más directo. La reforma del Código Penal de 2005 (contra lo cual ejercimos acción de inconstitucionalidad, aún pendiente de respuesta por la ahora presidenta de la Sala Constitucional Luisa Estela Morales) es una evidencia contundente de cómo los delitos para proteger la investidura de los altos funcionarios, la difamación, la injuria, la amenaza contra funcionarios y hasta de sus "familiares cercanos" como dice expresamente el Código Penal, colocan al ciudadano común por debajo de las autoridades, produciéndose un desequilibrio absoluto en el principio de la igualdad. En esta oportunidad el escrito de Laureano Márquez donde de forma humorística, pero jamás irrespetuosa, y menos aún constitutiva de delito o falta alguna, menciona a la hija del Presidente de la República y la inmediata apertura de un procedimiento sancionador es sinónimo de proteccionismo, culto al personalismo, excesiva protección de altos funcionarios y sus familiares, y coloca a Laureano Márquez en carácter de víctima por haberse violado su derecho a la igualdad, siendo que la figura del Jefe de Estado y su hija se sobreponen con claro abuso de autoridad, a pesar de los intentos desmedidos de hacer ver que existe la acción autónoma de otros Poderes Públicos.
El segundo factor, muy simbólico es la sistemática violación del Derecho a la libertad de Expresión. Las muestras de este tipo de acciones son ya innumerables traducidas en: multas administrativas por la vía de CONATEL, el control de la información oficial por parte del MINCI, el uso excesivo de propaganda en prensa, radio y TV para promocionar los "supuestos logros del Gobierno Bolivariano", la compra de canales privados y emisoras radiales y de diarios impresos; la no renovación de concesiones; las decisiones como la del Juez Silano que de forma directa prohibían la información veraz y oportuna. A lo anterior se le suma la elaboración de instrumentos legales como la Ley RESORTE, y la condena a sanciones penales contra periodistas por el uso de su derecho a expresarse, a informar o a disentir cuando han sido críticos de cualquier acción pública de funcionarios. Laureano Márquez utilizó su derecho a la libertad de expresión, escribió lo que pensaba, emitió un juicio, una opinión, que no puede configurarse en hecho alguno que amerite la sanción impuesta a la cual tanto él como el diario TAL CUAL, fueron condenados. Es entonces una vez más Laureano Márquez víctima de la violación del Derecho Humano a expresarse libremente, pues en uso recto de ese derecho su gran delito fue haber hecho reflexiones escritas que mencionaban a la hija de Hugo Chávez Frías.
El último factor y por demás insistentemente denunciado por el Foro Penal Venezolano ha sido la utilización del Sistema de Justicia con fines políticos a través de las acciones penales y administrativas que desarrolla tanto el Ministerio Público como las distintos tribunales. La desmedida proporción en la cual se están utilizando a los tribunales para favorecer intereses del gobierno, sus representantes o los familiares de éstos indica perpetración de varias violaciones a derechos como: violación al debido proceso, violación al derecho a la defensa, violación al principio de igualdad, y violación al principio de imparcialidad y autonomía con la cual se supone cualquier juez debe tomar una decisión. Determinamos que técnicamente hablando, de manera jurídica, no existe en el escrito de Laureano Márquez ningún elemento de convicción que pueda ni siquiera inferir la posibilidad de ofensa a la niña Rosainés Chávez, a su padre o a su entorno familiar, con lo cual la única forma de calificar la decisión tomada por el tribunal de Protección del Niño y el Adolescente de Barquisimeto puede ser calificada como una decisión sin sustento jurídico imparcial alguno y por ende caería dentro de aquellas que hemos categorizado como decisiones judiciales de índole político y por ende se convertiría Laureano Márquez en un perseguido más, al igual que los miles de aquellos que están sometidos a procesos penales, civiles o administrativos que impliquen críticas al poder, exigencia de derechos o tan siquiera una mera sospecha de ser acciones calificadas como "disidentes u opositoras"
Advertimos una vez más del quiebre del Estado de Derecho en Venezuela a través de estas acciones que dan muestras clara de politización de las Instituciones, de desventaja de los ciudadanos comunes en el acceso real, oportuno y transparente de la Justicia y que continúan siendo elementos importantes de documentar para el ejercicio de las acciones jurídicas nacionales e internacionales que en conjunto se puedan intentar a futuro contra el Estado Venezolano, y particularmente contra aquellos funcionarios involucrados en la toma de este tipo de decisiones politizadas en desmedro del Derecho y la Justicia.
Hacemos un llamado a la reflexión del Fiscal General Isaías Rodríguez y de las autoridades judiciales a los fines de revisar cuántas acciones continuadas de ofensa, agresión, apología de delito, instigación a delinquir, violación de Derechos Humanos, tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes en contra de los llamados "opositores" aún esperan respuesta; inclusive el daño psicológico que se ha ocasionado a niños, adolescentes y ancianos familiares de los perseguidos políticos que están más que documentadas, y que no encuentran ni siquiera con la apertura de procedimientos sancionatorios oportunos.
Se ha convertido el Poder Moral y el Poder Judicial en cómplices por acción y por omisión de violación de Derechos Humanos y a favor de intereses políticos desmedidos, con lo cual casos como el del diario Tal Cual y del politólogo Laureano Márquez demuestran que las vías internas para garantizar una justicia equilibrada se han agotado.
Mónica Fernández Sánchez
Directora Ejecutiva del Foro Penal
Venezolano
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