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Aunque la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) mantiene con el Tribunal Supremo (TSJ) «una relación de dependencia regida por el principio de jerarquía», la Sala Constitucional dictaminó que el magistrado Marcos Tulio Dugarte, y quien lo suceda al frente de la institución que maneja los fondos del Poder Judicial, deberá responder «civil, penal y administrativamente» por sus decisiones. La razón reside en el hecho de que goza de una «autonomía suficiente» como para cumplir su misión, sin necesidad de que el máximo juzgado se avoque a conocer todas sus actividades «a priori».