Rafael Veloz García
NO PODEMOS TOLERAR los tribunales populares. Si lo hacemos, mañana tendremos que tolerar al ladrón de nuestras casas, al violador de nuestras mujeres o al extranjero que penetra nuestras fronteras.
Tolerar esa barrabasada significaría echar por la borda más de 200 años de tradición del Estado de Derecho. Significaría regresar al sistema unipersonal de toma de decisiones públicas, al imperio de la voluntad indiscutible, irrebatible y totalmente discrecional del jefe de turno; a la inexistencia de los derechos de los ciudadanos frente a los ciudadanos y frente al jefe; y a la asfixia de toda iniciativa e inventiva privada frente a lo público.
Fue justamente contra ese sistema que los revolucionarios franceses plantearon una alternativa. Esta consistía en límite a la discrecionalidad del Estado (el monarca); respeto a la libertad de los hombres; equilibrio de los poderes públicos, según el cual el poder público se dividiría en tres ramas con funciones diferentes, pero complementarias, que se controlasen mutuamente a fin de evitar desmanes y arbitrariedades al colectivo; imperio y supremacía de la ley sobre la voluntad del dirigente de ocasión, y en caso de oposición entre la voluntad de éste y la voluntad de la ley, sería esta última la que prevalecería; y en la actuación de un Poder Judicial independiente, valiente y coherente encargado de aplicar la ley a los ciudadanos, y sobre todo, a las otras ramas del poder público.
Ese sistema fue posteriormente conocido como Estado liberal de Derecho. Los individuos que actuaran dentro de él, tenían garantizada la protección de sus derechos e intereses. Los que actuaran fuera de él, se exponían a las sanciones previamente establecidas.
El devenir del tiempo hizo evolucionar el concepto hasta concluirse que el Estado de Derecho no podía ser, en palabras de Novoa Monreal ‘un obstáculo al cambio social’, o en palabras de Coase ‘un costo de transacción’. Entre nosotros la evolución del concepto está en marcha, pero sea como sea el Estado de Derecho se instaló aquí. A sangre, a tinta y con tiempo, pero se instaló. Por ello, es mucho lo que está en juego para quedarse impávidos. Y no nos quedaremos…
El Colegio de Abogados ha decidido actuar en defensa del Derecho y disciplinar a los abogados involucrados. Lo hacemos con firmeza, pero con suspicacia. Ya en el pasado el Colegio de Abogados que represento había tomado medidas tendentes a evitar violaciones del Estado de Derecho por parte de abogados extranjeros. Lastimosamente, los tribunales de la República los ampararon. Hoy volvemos a actuar, pero la gravedad del tema requiere de la colaboración de las instituciones, sobre todo de los tribunales de la República. Desde aquí rogamos que no se repita el episodio de los abogados extranjeros. Esta vez se trata de algo mucho peor: el asesinato del Estado de Derecho… ni más ni menos.
Presidente del Colegio de Abogados de Caracas.