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La demolición de las instituciones judiciales y de destrucción de la democracia. La experiencia venezolana

Allan R. Brewer-Carías

Profesor de la Universidad Central de Venezuela

Hablar sobre “Las Instituciones Judiciales y la Democracia” en Venezuela, en la actualidad, es realmente una tarea imposible o, al menos, sería una ficción.  Venezuela carece de un sistema propio de un Estado de derecho, y las instituciones judiciales, en lugar de haber sido las garantes del mismo y de haber contribuido al afianzamiento de la democracia – que de paso sea dicho, es mucho más que elecciones periódicas;

 

han sido los instrumentos más arteros para afianzar el autoritarismo y desmantelar la democracia como régimen político. Por ello, en lugar de referirme al tema de “Las Instituciones Judiciales y la democracia,” a lo que me puedo referir es al despiadado proceso de demolición continua de las instituciones judiciales y de destrucción de la democracia que el país ha sufrido durante la última década.

1 Ese proceso comenzó, precisamente, con la ilegítima presión que a finales de 1998 ejerció el entonces Presidente electo Hugo Chávez Frías, sobre
la antigua Corte Suprema, la cual con unas ambiguas decisiones dictadas en enero de 1999, abrió la vía para la convocatoria de la Asamblea Nacional
Constituyente de aquél año, que no estaba prevista en la Constitución como mecanismo para su reforma.

2 Asamblea Constituyente que, lamentablemente, fue la que inició el proceso de demolición de las instituciones judiciales y del Estado de derecho,3 siendo el resultado, luego de una larga década, que el país se encuentra sometido a un gobierno autoritario donde si bien hay elecciones, sin embargo, no está asegurado el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; ni la existencia de un régimen plural de partidos y organizaciones políticas; ni la separación e independencia de los poderes públicos; ni la transparencia de las actividades gubernamentales o la probidad y responsabilidad en la gestión pública; ni la libertad de expresión y de prensa; y ni siquiera la subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil, pues lo que existe en definitiva es un régimen militar.

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Fuente: http://www.brewercarias.com/