eltiempo.com.ve, Fabiana Renzullo
El 3 de octubre de 2014 la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia mediante la cual se autorizó a las autoridades a dar continuidad a los juicios de desalojo de viviendas
Apiur asegura que casos de inquilinato estuvieron paralizados por tres años
Caracas.- El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Carlos Calanche, le salió el paso a las recientes acusaciones hechas por las organizaciones de inquilinos sobre el incremento de las desocupaciones de viviendas registradas en los últimos meses.
El dirigente aseguró que los desalojos se han llevado a cabo cumpliendo con los procedimientos establecidos en la ley.
“Desalojos judiciales se han verificado respetando las leyes y en especial la sentencia del TSJ”, resaltó Calanche.
El 3 de octubre de 2014 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia mediante la cual se autorizó a las autoridades a dar continuidad a los juicios de desalojo de viviendas.
Las órdenes de desocupación se encontraban paralizadas desde noviembre de 2011, luego de que el entonces presidente de la República, Hugo Chávez Frías, promulgara la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda y la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria.
«Es imposible que un juez proceda a hacer un desalojo sin que haya cumplido con el procedimiento ante la Sunavi, ente adscrito al Ministerio para Vivienda y Hábitat”.
El documento legal dictado el año pasado establece que después de haber culminado un juicio de desalojo, llevado a cabo en dos instancias, la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) tendrá un lapso de hasta seis meses para reubicar al inquilino en un refugio o vivienda definitiva.
Luego de haber transcurrido este tiempo, el juez de la causa estará habilitado para ejecutar la orden de desocupación del inmueble arrendado.
Calanche aseguró que esta medida representa el retorno de la “justicia inquilinaria”, debido a que le devuelve a los propietarios la potestad sobre sus bienes y además restituye el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución.
“Antes de esta sentencia miles de pequeños propietarios se encontraban en un estado de indefensión y denegación de justicia, ya que a pesar de haber acudido al poder judicial no podían recuperar su propiedad”, resaltó.
Denuncias
En las últimas semanas diferentes voceros de la Red Metropolitana de Inquilinos y la Asociación de Inquilinos Bolivarianos han denunciado la ejecución de desalojos ilegales.
Los voceros de estas organizaciones afirman que existe un acuerdo entre los propietarios de las viviendas y los jueces para dejar a los arrendatarios en la calle y acusan a los gremios del sector inmobiliario de irrespetar los derechos del inquilino.
“Los dueños están pactando con los jueces a espaldas del inquilino. Por eso, en Apiur y la Cámara Inmobiliaria están callados, no han salido a protestar más, porque está sucediendo lo que ellos querían, que es dejar a la gente en la calle”, dijo un representante de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos.
El presidente de Apiur manifestó que estas acusaciones carecen de fundamento legal y que hasta ahora todas las órdenes de desalojo se han realizado con apego a la ley.
De igual forma reiteró que el gremio no representa a ningún propietario en procedimientos judiciales individuales ante la Sunavi o cualquier tribunal del país.
Fuente: http://eltiempo.com.ve/venezuela/vivienda/apiur-desalojos-judiciales-se-han-hecho-segun-las-leyes/177418
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