Desde el año 2002 se paralizó el otorgamiento de patentes de invención.
En referencia a las declaraciones del anterior director de propiedad industrial Eduardo Samán (EL UNIVERSAL 03 Octubre 2003) respecto a la propuesta de modificación del artículo 98 de la Constitución Nacional y de la consecuencial eliminación del delito denominado “piratería”, sostenemos que es una ratificación más del plan de restricción o desaparición de la propiedad privada que lleva a cabo el gobierno.
La propiedad Intelectual esta protegida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora
Desde el año 2002 se paralizó de facto en Venezuela el otorgamiento de patentes de invención, mejoras y modelos industriales sin fundamento legal. Es el colmo además que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) no tiene consultor jurídico desde Marzo de este año y por este y otros motivos se encuentran represadas más de catorce mil (14.000) decisiones administrativas, de nulidades, cancelaciones y reconsideraciones, vulnerándose así los principios constitucionales de petición, debido proceso y de oportuna respuesta.
La manifestación pública y la propuesta de reforma constitucional del actual Director de Sencamer antes Director del SAPI, es otro de los motores de la desaparición de la propiedad privada, específicamente de la desaparición de la propiedad privada intelectual consagrada en el artículo 98 de la Constitución Nacional .
Con una reforma socialista o comunista de la constitución afectaría directamente a la Ley de Propiedad Industrial y / o de la de Derechos de Autor y otros convenios internacionales. Se desestimularía el desarrollo intelectual y creatividad del venezolano y podría haber una estampida de la inversión nativa y extranjera, afectándose a compositores de letra y música, autores de obras literarias y profesionales, inventores, y se incentivará otra ola de fuga de cerebros, de industrias y sus respectivos productos.
La Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, es corresponsable por las irregularidades y paralización del otorgamiento de patentes que existe en el SAPI y debe corregirlas de inmediato haciendo que se respeten los derechos vigentes a la propiedad privada intelectual.
La paralización del otorgamiento de patentes pone en franco peligro las preferencias para solicitar patentes en países extranjeros y pone en riesgo la confidencialidad de los inventos durante el proceso de registro que se encuentran apilados en el SAPI.
Los cambios propuestos en la constitución nacional respecto a las expropiaciones también ponen en peligro la propiedad privada intelectual. Toda vez que los inventos podrán ser expropiados y usados antes de que se les pague a sus propietarios. El temor que tienen los inventores y creativos es que se empiecen a expropiar sus inventos sin el pago justo y oportuno previsto en la constitución actual, ya que la llamada reforma establece que el estado podrá tomar posesión de lo expropiado y pagar al final del proceso de expropiación lo cual vulnera los derechos de uso goce y disfrute de los royalties de los inventos durante el proceso de expropiación.
Respecto a lo alegado por una parlamentaria sobre los derechos a la Cultura de todos los ciudadanos nos hacen recodarle otro principio que sostiene que los derechos de un ciudadano llegan hasta donde comienzan los de los otros.
La propiedad privada Intelectual es tan importante como la propiedad privada de bienes materiales y debemos defenderla.
Raymond Orta Martinez
Abogado, Especialista en Derecho Procesal, Agente de la Propiedad Intelectual,
Consultor Juridico de Apiur
Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
www.apiur.org